Corte ordena revisar la educación para personas con discapacidades

28 de octubre de 2016 06:09 PM

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La Corte Constitucional dio un plazo de seis meses al ministerio de Educación, para crear un método de evaluación de planteles educativos que sea inclusivo y tenga en cuenta los logros de algunas instituciones frente al proceso de enseñanza de las personas en situación de discapacidad.

La Corte estudió varias tutelas presentadas por padres de menores en situación con discapacidad y llegó a la conclusión de que no hay un modelo adecuado para hacer mediciones sobre esta educación, ya que actualmente solo se basa en las pruebas SABER, que no tienen en cuenta las discapacidades.

“La Sala considera que el método de evaluación de los planteles carece de índices que tengan en cuenta la calidad de educación inclusiva. Sin replantear la forma de medición de conocimiento de las pruebas SABER, se observa que éstas se enfocan a cierto tipo de habilidades, e incluso, de áreas. Por lo tanto, omitir otros factores relevantes para evaluar los planteles inclusivos puede desconocer el trabajo de calidad que realizan”, dice el fallo.

De acuerdo con la Corte, las pruebas Saber no son un método adecuado para valorar el conocimiento de personas con diferencias de aprendizaje, lo que de forma indirecta premia que no se incluyan a estos estudiantes en las instituciones regulares.

Además, dice la Corte, eventualmente puede generar también que las instituciones que tengan un servicio educativo adecuado, de calidad y apto para abordar la educación de los niños y las niñas en situación de discapacidad, no podrían ser contratadas por no tener un nivel determinado en las pruebas estatales.

“El problema radica en que algunos aspectos esenciales para evaluar la calidad de la educación inclusiva no son tenidos en cuenta. Por ello, se considera que factores como la idoneidad de la planta docente y la prestación del servicio de educación inclusiva también deben ser tenidas en cuenta por el Ministerio de Educación a fin de evaluar los colegios a los que podrían acceder personas en situación de capacidad que requieran ajustes razonables para su educación”, agrega el fallo.

En la misma decisión, el tribunal constitucional instó al Ministerio a implementar un diálogo más eficaz con quienes tienen la responsabilidad de la educación a este sector de la población.

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