Estudiantes le ganan el primer round a la Reforma de la ley 30

El pulso entre la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (Mane) y el Gobierno por cuenta de la reforma a la ley 30 se inclinó a favor de los estudiantes que, a punta de movilizaciones y de un paro en las universidades públicas, lograron llamar la atención de la comunidad y del Congreso sobre su oposición a la propuesta.
Ante la fuerte negativa que generó el proyecto que fue radicado el pasado 3 de octubre, el presidente Juan Manuel Santos tuvo que dar su brazo a torcer al aceptar el retiro de la propuesta siempre y cuando los estudiantes vuelvan a clase, una exigencia que mantuvo la Mane desde que formalizaron el cese de actividades en las universidades públicas hace cerca de un mes. 
Y es que los estudiantes encontraron que el paro esta vez, a diferencia de otras ocasiones, si fue efectivo para presionar al Ejecutivo, pero también para conseguir aliados en el Congreso como lo son Carlos Amaya, Ángela Robledo y Jorge Enrique Robledo quienes se mostraron en desacuerdo con la iniciativa desde un comienzo.  
La decisión de Santos le restó autoridad a la ministra de Educación, María Fernanda Campo, quien ahora deberá empezar un trabajo de discusión con los estudiantes concertado con la Mane para lograr que el próximo año sí pueda pasar un nuevo proyecto y empezar un trámite formal en el Congreso.  
¿Por qué no prosperó?
Uno de los traspiés con los que comenzó el proyecto de reforma a la ley 30 fue la inclusión del articulado que le daba vía libre a las universidades con ánimo de lucro, una modalidad que para la la Asociación Colombiana de Universidades (Ascún) y el Sistema Universitario Estatal, SUE, significaba abrirle la puerta a las instituciones donde la educación es concebida como un negocio. 
Aunque la ministra y el Presidente presentaron la propuesta como la forma ideal para mejorar los índices de cobertura de educación superior, el articulado tuvo que retirarse del proyecto en julio ante la presión que generaron los rectores de las universidades tanto públicas como privadas y la comunidad estudiantil que desde entonces comenzó a revisar con lupa el proyecto de ley.  
Pese al retiro de este articulado el rechazo generalizado hacia el proyecto de  reforma a la ley 30 se siguió cocinando, incentivado por las movilizaciones de los estudiantes chilenos quienes desde abril mostraron que quieren acabar con el sistema de educación que tienen, donde solo un 25% es financiado por el Estado y un 75% por los estudiantes y sus familias.
Otra de las causas que debilitó el proyecto fue que no contó con los suficientes espacios de discusión para debatir cada punto con los estudiantes. Aunque la ministra ha reiterado que se hicieron 28 foros desde que se presentó la propuesta en marzo, una de las quejas repetidas de los estudiantes que asistieron a las audiencias convocadas por la ministra en las últimas semanas fue que los foros se convirtieron en espacios para escuchar los argumentos del Gobierno y no para discutirlos. 
En esto concuerdan los voceros de la Mane quienes desde que convocaron el paro nacional dejaron en claro que el Gobierno no los tuvo en cuenta en la formulación de la propuesta y que sus objeciones tienen argumentos, especialmente en el tema presupuestal de las universidades públicas que después de la reforma quedarían con más recursos pero también con más obligaciones. 
Otro mal paso que dio Campos fue calificar de minorías a los estudiantes que están detrás del paro y de las protestas de los últimos meses. Una afirmación que no recibieron con agrado los voceros de la Mane y que los llevó a demostrar con las marchas de los pasados 12 y 26 de octubre, y con el carnaval del 3 de noviembre, que tienen poder de convocatoria nacional.
En las últimas audiencias de control político convocadas por el Congreso los estudiantes también dejaron en claro que se están convirtiendo en un movimiento político cada día más organizado capaz de dar la discusión con argumentos. Hoy cuentan con una comisión de derechos humanos, de comunicaciones y otra académica para mantener organizado el movimiento que tiene representantes en cada región del país. 
¿Y ahora qué?
Uno de los grandes temores de los rectores de las universidades públicas es que sin la reforma las universidades públicas recibirán el presupuesto que tienen por Ley 30 que es de acuerdo al IPC sin el incremento de 3% que plantea el proyecto, lo que agravaría la situación financiera de estas instituciones.
Sin embargo, el representante a la Cámara Carlos Amaya aseguró que el incremento del 3% lo pueden recibir las universidades públicas con o sin reforma, porque los recursos ya están y fueron aprobados por el ministerio de Hacienda. 
Los que tendrán que esperar para recibir nuevos recursos con la formulación de una segunda propuesta son las instituciones técnicas y tecnológicas quienes hasta el momento no reciben aportes de la Nación ni cuentan con autonomía universitaria como sí la tienen las universidades públicas.