La expulsión de una estudiante del colegio Ciudad Escolar Comfenalco, quien confesó haber ingerido una droga dentro de la institución, y la llegada de este caso hasta los estrados para dirimir si había violación de su derecho a la educación, abrió el debate sobre cuáles son las responsabilidades de padres de familias y comunidades educativas frente al consumo de alucinógenos y alcohol por niños, niñas y jóvenes.
¿Merece la joven ser expulsada a pesar de que la droga le fue suministrada en el colegio? ¿El hecho de que tuviera un diagnóstico de depresión y angustia que desconocían los padres demuestra negligencia por parte de estos? Son algunos de los cuestionamientos que surgen en el debate sobre este caso.
Tanto el colegio como los padres de la menor dieron argumentos sólidos sobre su posición. El primero alegó haber gestionado contantes campañas de prevención sobre el uso de drogas y alcohol, los efectos físicos de estos, las consecuencias de ingerirlos dentro del plantel, y la aplicación de las sanciones del manual de convivencia, ampliamente difundido entre los estudiantes y acudientes.
Por otra parte, los progenitores de la joven de 15 años, adujeron la necesidad de que su hija permaneciera en el sistema educativo y del apoyo del equipo psicosocial con el que cuenta el plantel.
El fallo de primera instancia ordenó el reintegro de la menor a clases. El colegio acató la orden, pero la impugnó y aunque todavía no se conoce la decisión de segunda instancia, la familia decidió retirar a la joven de la institución, al parecer, para garantizar su estabilidad emocional.
Más allá de lo que se resuelva en los estrados en la segunda instancia de este caso y para conocer lo que se debe hacer en situaciones que involucran a drogas, alcohol y escolares, El Universal consultó a las autoridades en el tema.
“Cada caso se debe analizar”: ICBF
Funcionarios del ICBF concluyeron que la familia es el primer ambiente protector de los menores de edad y en este se deben fundamentar las bases de los valores, además de que los padres son quienes tienen la responsabilidad de identificar comportamientos anómalos que estén relacionados con el consumo de sustancias perjudiciales; pero también que el colegio debe acoger y brindar el acompañamiento para evitar que queden desprotegidos.
Lenny Cuello, directora (e) del ICBF en Bolívar, indicó que si bien es cierto que las instituciones educativas son autónomas para implementar su manual de convivencia, a través de los comités de convivencia escolar, “cada caso es particular y se debe analizar”.
“La recomendación general es que en ningún caso el niño o la niña sea retirado de la institución y que por el contrario, con prácticas restaurativas y actividades pedagógicas con la familia del menor se pueda generar más protección. Al retirar al joven y salga del sistema educativo, es posible que se abstenga de acceder a otro plantel o que se enfrente a ambientes más riesgosos”.
Lo anterior teniendo en cuenta que se debe identificar dónde está el riesgo, que puede ser en la institución, en los amigos, en la calle e incluso en la misma casa con padres consumidores, por lo que se debe eliminar la amenaza al tiempo que se hace el acompañamiento para el establecimiento de derechos, para lo que se pueden apoyar en las autoridades competentes.
“Las instituciones educativas deberían garantizar que los jóvenes mantengan ese círculo protector a través de ellos, porque muy probablemente su primer entorno que es el hogar, está generando riesgos”, señaló Mónica Porras, trabajadora social del ICBF.
Agregó que “los jóvenes son el reflejo de lo que pasa en su comunidad y en su familia por eso es importante que a través de los colegios tengan una visión diferente, un proyecto de vida y que noten que aunque en su entorno han visto constantemente situaciones de agresión o daños, podemos sacarlos de ahí y se rompan esas tradiciones”.
El defensor de familia de esta misma entidad, Miguel Gloria, destacó que los colegios sí pueden aplicar sus normas, pero deben analizar antes de aplicar las sanciones: "Este análisis se debe hacer ponderando derechos. Por un lado están los derechos de la comunidad escolar que priman sobre los individuales, pero por el otro lado está el derecho a la educación de un joven e incluso el del libre desarrollo de su personalidad. No se pueden aplicar sanciones automáticas sino buscar mejores formas de equilibrar las soluciones, de manera que no se afecten los derechos colectivos y se protejan los individuales”.
“No expulsamos”: Asdidbol
Miembros de la Asociación de Directivos Docentes de Bolívar (Asdidbol) que representa el sector oficial de este gremio, indicaron que las instituciones educativas son objetivo del microtráfico, sobre todo en la zona suroriental de Cartagena.
“La dinámica consiste en que los expendedores de drogas usan a estudiantes para repartir los alucinógenos dentro de los colegios, los regalan para ir creando el hábito y después tener a los adictos como clientes”, explicó un vocero de Asdidbol.
Añadió que “a pesar de que cada colegio es autónomo y cuenta con su manual de convivencia, por antecedentes de la Corte Suprema de Justicia no expulsamos a los estudiantes sino que le hacemos un acompañamiento familiar y nos apoyamos en las entidades oficiales”.
“Esta labor es difícil porque no todos los colegios públicos cuentan con un equipo psicosocial completo, compuesto por sicólogos, orientadores escolares y trabajadores sociales”.
De acuerdo con Asdidbol esta problemática la están trabajando de la mano con el Distrito y en las próximas semanas se llevará a cabo un proyecto que consiste en reuniones y capacitaciones del Comité Territor ial de Convivencia con los colegios oficiales para enfrentar y prevenir el problema de las drogas en los colegios.
Barbitúricos también en los colegios
La Policía de Infancia y Adolescencia indicó que en los colegios de Cartagena también se ha identificado el consumo de drogas psiquiátricas que ocasionan los mismos efectos que los alucinógenos en quienes las consumen, sin embargo, en las requisas que hacen durante la campañas de prevención, no han decomisado ningún tipo de droga ni de barbitúricos.
“Estas campañas las hacemos de la mano con los rectores quienes nos piden que enfaticemos en algunos temas de prevención, los más comunes son sobre el uso de drogas, alcohol, redes sociales y abuso sexual”, señaló la intendente Patricia Piñeres Puello, a cargo de la Policía de Infancia y Adolescencia en Cartagena.
La intendente Piñeres explicó que “cuando a un estudiante se le encuentran estupefacientes, si es mayor de 14 años se judicializa por el porte ilegal de drogas y se pone a disposición de la Fiscalía. Si es menor de 14 años se remite ante el ICBF. Si se le encuentran drogas médicas se llama a las padres de familia porque, por lo general, estas drogas se traen de casa ya que solo se pueden conseguir con receta médica y se activa la ruta de atención que se requiera”.
Escuela de padres
El ICBF anunció que pronto comenzará a implementar el programa “Escuela de Padres” cuyo objetivo es fortalecer, en las familias y los colegios, la prevención y tratamiento de las situaciones problemáticas en las que pueden involucrarse los menores.
Se realizará en algunos colegios públicos de Cartagena y de 11 municipios de Bolívar que fueron priorizados por altas tazas de embarazos, indicios de reclutamiento de menores y con población víctima del posconflicto.
Comentarios ()