El 13 de marzo, los colombianos saldrán a votar para conformar el nuevo Congreso de la República, quienes se posesionarán el 20 de julio. Cuando eso ocurra, los trámites de todos los proyectos de ley se reiniciarán y la decisión quedará en manos de los representantes electos. Deberán pasar una vez más por el mismo proceso que cualquier otra propuesta de su tipo, como si fuera una iniciativa completamente nueva: dos ponencias, dos debates, traslado a cámara y sanción presidencial.
El período 2021-2022 ha sido agitado. El proyecto de prohibición del fracking se hundió, pero se aprobó la Ley de Acción Climática; la reducción de las jornadas laborales quedó aprobada, junto con el ‘borrón y cuenta nueva’ del historial crediticio y entraron en vigencia dos mandatos controversiales que podrían caerse: la Ley de Seguridad Ciudadana y la nueva Ley de Garantías. Eso sin mencionar a todos los proyectos que quedaron sin aprobar y serán asunto del nuevo Congreso.
Grosso modo, los retos que deberá afrontar el legislativo se dividen en controversias potenciales y proyectos de ley que no serían aprobados en este periodo. Dentro del primer grupo se cuentan las siguientes:
1) Eutanasia: en Colombia no hay leyes que regulen esta práctica, a pesar de que se se encuentra avalada por el Ministerio de Salud y la Corte Constitucional, siempre y cuando se trate de pacientes terminales. Durante el 2020, cursaron dos proyectos de ley para reglamentar la muerte médicamente asistida, pero los dos acabaron archivados. En el 2021, el caso de Marta Sepúlveda, quien exigía la eutanasia y la consiguió a pesar de no ser una paciente que cumpliera con los criterios del Minsalud, revivió el debate.
2) Reforma tributaria: José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda, anunció que el país probablemente deberá realizar una nueva reforma tributaria durante el 2022. Es posible, por lo tanto, que el Congreso comience a discutirla poco después de posesionarse, teniendo en cuenta que el presidente Iván Duque anunció que no sancionará ninguna ley relacionada en lo que se resta de su gobierno.
El exdirector de la DIAN, Néstor Díaz Saavedra, por su parte, expresó su intención de impulsar un proyecto de ley, apoyado por el partido Centro Democrático, que reduciría las cargas tributarias de varios sectores de la población colombiana, pero aún no se conocen mayores detalles de la propuesta.
En cuanto a las propuestas que definitivamente quedarán pendientes para el siguiente cuatrienio, puesto que no han pasado a segundo debate o no tienen ponentes asignados, pueden mencionarse los siguientes:
1) Medioambiente: hay iniciativas relacionadas con la expedición de un Código Oceánico, la creación de una licencia ambiental para proyectos de exploración minera, la definición del “procedimiento administrativo sancionatorio en materia ambiental” (hay al menos tres proyectos que abordan esta cuestión), la reducción del consumo de plásticos de un solo uso, la prohibición de la tala de árboles en varios departamentos de la Amazonía y la Orinoquía y un segundo proyecto para la prohibición del fracking.
2) Pensiones: se ha hablado de una reforma pensional durante algunas semanas y entidades como Asofondos han presentado algunas propuestas. En el Congreso, se mencionó que se garantizaría la jubilación de los servidores públicos (especialmente de las mujeres), se reduciría la cotización que los pensionados dan al régimen de salud, se establecería una pensión especial para quienes realizan actividades de alto riesgo y se regularían los aportes en seguridad social de las personas contratadas para empresas de servicios digitales.
3) Educación: quedan pendientes varias propuestas para la reglamentación de las bibliotecas escolares, la posibilidad de implementar una ‘matrícula cero’ para estudiantes de bajos recursos en las universidades públicas, crear contratos especiales para quienes tengan créditos de pregrado vigentes con Icetex y, además, la posibilidad de condonar los intereses con dicha institución para quienes demuestren excelencia académica.
4) El campo: está sobre la mesa la posibilidad de establecer un salario rural integral, crear el servicio agrario y ambiental (que sería alternativa al servicio militar); crear una política pública de educación rural, para darle un tratamiento diferenciado a los campesinos que estuvieron vinculados con la siembra cultivos ilícitos, además de fortalecer las plazas de mercado y la economía campesina en general.
5) Incremento de transparencia: en materia medioambiental, del sistema de pensiones, del cabildeo, de las corporaciones autónomas regionales, de toda la rama legislativa y de las declaraciones de impuestos de diferentes funcionarios con funciones administrativas.
Así mismo, hay proyectos relacionados con la protección de ciertos derechos civiles (como la protesta pacífica y la labor de los defensores de derechos humanos), de la situación laboral de las mujeres (con la creación de una licencia menstrual y de garantías para las embarazadas) y de los menores de edad (aumentando las penas para los delitos cometidos contra ellos y creando un código especial para los que se encuentren en situación de desplazamiento).
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