¿Sin dinero para costear un abogado? Así puede acudir a uno sin pagar

Los ciudadanos de escasos recursos tienen derecho a la asesoría legal de manera gratuita. Conozca aquí cómo proceder en estos casos.

Si usted pertenece a un estrato económico bajo o está atravesando una situación económica difícil y requiere asesoría o representación legal, no tiene que desesperarse pensando en los honorarios de su abogado, porque el Estado tiene la obligación de proveer uno, llamado “abogado de oficio”, a todos los ciudadanos que no puedan pagarlo. Esto se encuentra consagrado en la Constitución Política, artículo 29: “Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento”.

Acceder a este beneficio no es complejo: si demuestra que no puede pagar un defensor, o si sencillamente no tiene uno, entonces el Gobierno está obligado a asignárselo. Hay algunas instancias en las que el jurista puede rechazar su caso y declararse impedido, pero el acceso a los servicios legales es un derecho de todos los colombianos.

Hay tres instancias bajo las cuales puede recurrir a un abogado de oficio, a saber:

1) Defensoría del Pueblo: ente encargado de “la protección de los derechos humanos y de las libertades de todas las personas frente a actos, amenazas o acciones ilegales, injustas, irrazonables, negligentes o arbitrarias de cualquier autoridad o de los particulares”, según su propio sitio web. Una de sus funciones es auxiliar a los ciudadanos en cualquier tipo de proceso judicial, por ejemplo al instaurar tutelas y demandas, a través de defensores públicos, abogados contratados por la entidad para estos propósitos.

Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento”

Constitución Política de Colombia

2) Amparo de pobreza: según el artículo 151 del Código General del Proceso, “se concederá el amparo de pobreza a la persona que no se halle en capacidad de atender los gastos del proceso sin menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia y la de las personas a quienes por ley debe alimentos, salvo cuando pretenda hacer valer un derecho litigioso a título oneroso”. En otras palabras, este derecho se puede invocar con un abogado de oficio siempre y cuando el caso no se trate de reclamar dinero.

3) Consultorio jurídico: a cargo de estudiantes de derecho que aún están acumulando experiencia y atendiendo casos. Solo pueden recibir a clientes de estratos 1 y 2 y no tienen competencia para tratar asuntos penales. Las instituciones de educación superior con programas de derecho cuentan con consultorios jurídicos dentro de sus sedes o en instalaciones cercanas. Le puede interesar: Consultorios jurídicos: asesoría legal para los más necesitados.

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Tenga en cuenta
Si usted considera que un defensor público o abogado de oficio no está haciendo lo suficiente para defender su caso, no tiene por qué ‘aguantárselo’. De acuerdo con el abogado Francisco Mendoza, usted es perfectamente libre de solicitar un jurisconsulto diferente, siempre y cuando tenga una justificación y argumentos sustentados. De igual manera, los abogados de oficio y defensores públicos no están obligados a aceptar todos los casos que les asignen y tienen derecho a declararse impedidos si, por ejemplo, tienen alguna conexión previa con el cliente.