Una segunda derrota judicial le sobrevino al expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez tras la decisión de la jueza 41 de Conocimiento de Bogotá, Laura Estella Barrera, quien decidió dejar abierta y no precluir la investigación que pesa sobre él por fraude procesal y soborno a testigos, conductas por las cuales el líder del Centro Democrático ya fue imputado.
Tras varios meses de estudio jurídico y un amplio análisis del caso, la jueza consideró que sí hay suficientes elementos probatorios y evidencia física para afirmar “con probabilidad de verdad”, que la conducta delictiva de soborno sí ocurrió, una posición contraria a la sostenida hasta ahora por la Fiscalía de que no había pruebas suficientes para continuar con la vinculación de Uribe a este expediente penal.
En este escenario, la togada Barrera manifestó que “sí existen elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida para afirmar con probabilidad de verdad que la conducta delictiva, descrita en al artículo 444A de soborno en actuación penal, sí ocurrió y que el doctor Uribe puede tener la condición de partícipe”. Le puede interesar: Fiscalía apeló decisión de juez: esto es lo que sigue en el caso Uribe
Para tomar la decisión, Barrera indicó que la Fiscalía ignoró –otra vez– pruebas que en su momento fueron válidas para la Corte Suprema de Justicia, en manos de quien estuvo el caso antes de la renuncia de Uribe como senador (agosto de 2020). Por esta razón, la jueza le hizo un llamado de atención a la Fiscalía, representada por el fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Javier Cárdenas, porque no cumplió con la exigencia para investigar todo lo que se le exigía, incluso en una anterior audiencia de solicitud de preclusión del caso.
“Ha debido hacerse un esfuerzo serio, en orden a establecer todas las particularidades del hecho que se indaga; en otras palabras, obrar con la mayor acuciosidad y si, a pesar de esa actividad racional no se logra desvirtuar la presunción del investigado, la preclusión se impone como medida alterna”, manifestó Barrera.
Una primera oportunidad
La investigación en la que está inmerso el expresidente Uribe se remonta al año 2014, cuando en medio de un debate en el Congreso en el que el senador Iván Cepeda denunciaba los presuntos nexos de Uribe con grupos paramilitares, el expresidente se levantó de la sesión y aseveró que iría a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a entregar pruebas de que Cepeda había presionado a exparamilitares a hablar en su contra.
Ya en su defensa, el senador Cepeda accedió a información en torno a que, al parecer, habría pasado lo contrario y Diego Cadena –quien para ese entonces actuaba como abogado defensor de Uribe– había visitado algunos paramilitares en las cárceles y les había ofrecido dádivas como dinero y rebaja de penas a cambio de enlodar a Iván Cepeda.
Con todo este entramado se inició un proceso judicial que ya lleva 9 años, en el que se han vivido situaciones como la renuncia de Uribe al senado para que su caso pasara a la justicia ordinaria, y que en abril de 2022 llevó a que una jueza tomara la decisión de no precluir la investigación que se adelanta a Uribe.
Hace un año, la Jueza 28 de Conocimiento de Bogotá, Carmen Helena Ortiz, también decidió dejar en firme la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
