El 15 de abril del 2020 se registró un fuerte temblor en Bolívar. El epicentro fue Mompox. A 280 kilómetros de distancia, en Cartagena, el edificio Portales de Blas de Lezo I, construido por el polémico clan Quiroz, se resquebrajó. (Lea aquí: Fisuras en edificios de los Quiroz luego de sismo que sacudió a Cartagena)

En dicha ocasión, la situación fue atendida por la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cartagena (OAGRD), quienes concluyeron que las nuevas fisuras sobre las ventanas, fachada y estructura, derivadas del sismo, no constituían un riesgo de colapso inmediato. Sin embargo, recalcaron, en ese momento, que era una alerta para seguir con el proceso de acordonamiento y protección, mientras se definía la demolición guiada por los estudios técnicos de la Universidad Nacional y la Universidad de Cartagena.

17 meses después, además de las grietas, una nueva falla estructural tiene preocupados a los habitantes del barrio: una inclinación del edificio. “El miedo está latente. Los vecinos están preocupados hace tiempo porque se vaya a desplomar como se cayó el otro y haya una tragedia”, indicó Giovany Zúñiga, líder barrial.

El año pasado, en el día del temblor, funcionarios de la OAGRD señalaron que el deterioro del edificio se avivó por invasiones y robo de marcos de puertas y ventanas, que aceleraron las fisuras.

Además de la incertidumbre comunal generada por las hendiduras, también preocupa el abandono del edificio, representando un foco de inseguridad. “Se meten ladrones, drogadictos y habitantes de la calle a hacer fechorías sexuales”, señaló Zúñiga.

Lilet Daryed Chávez, abogada de los compradores del edificio, reveló que los dueños de lo ajeno hurtaron enseres de sus clientes y elementos estructurales como varillas y cableado. “Hubo un momento que el Distrito puso seguridad, pero luego la quitó. Los vigilantes solo duraron cinco meses”, develó una compradora afectada.

“El Distrito no ha cumplido con su parte. Dijeron que el desalojo voluntario era el primer paso para seguir con el proceso de demolición propuesto por las universidades, y las soluciones a los derechos de los compradores, pero nada de eso pasó”, explicó la abogada.

Los vecinos, ante la amenaza de la inseguridad, taparon la entrada con bloques y cemento, como una medida temporal, pero no tan potente como la vigilancia organizada.

Lilet Daryed Chávez le informó a El Universal que el proceso sigue dilatado, ya que Wilfran Quiroz nunca se presenta en las diligencias donde se dirimen soluciones para amparar a las víctimas de los edificios. Las autoridades no logran localizarlo. “Vemos que la justicia ha desprovisto y descuidado los derechos de las víctimas del clan, sin que hasta el momento se vislumbren soluciones a personas con problemas financieros y psiquiátricos”, dijo la abogada.

Algunos de los afectados, según su defensora, para sobrevivir a las deudas viven con sus familiares. Otros, están apretados con las deudas por los créditos hipotecarios y préstamos bancarios. “Están reportados en centrales de riesgo y ahogados con sus salarios, lo que ha hecho que sufran de estrés, ansiedad y depresión”, expuso.

Algunas familias han intentado regresar al edificio clausurado, ya que no han podido pagar los arriendos a falta de un trabajo estable, pero los ha detenido la falta de servicios públicos.

“El Distrito debe responder por omisión”, dijo Chávez, quien expuso que en lo que va del año no han recibido los subsidios de arriendo. Ocho meses de deuda que exacerban las preocupaciones para subsistir por parte de los compradores. Generando deudas dobles para pagar obligaciones bancarias y el techo que actualmente arriendan.

El Distrito se encuentra en la revisión jurídica de los casos particulares con respecto a los requisitos legales que deben cumplir los beneficiarios para validar el pago de los subsidios de arriendo.

Una de las obligaciones es que el titular del subsidio de arriendo entregue una declaración juramentada donde exprese que el bien inmueble, a la fecha de la solicitud, se encuentra desocupado y que, por ese motivo, tiene vigente un contrato de arrendamiento.

Sin embargo, expusieron desde Jurídica, que han encontrado irregularidades en otras edificaciones, en donde, pese a que los titulares de los subsidios han declarado bajo juramento que sus inmuebles están desocupados, terceros se encuentran habitando los apartamentos y se proclaman propietarios de estos, e incluso han adelantado acciones judiciales en contra de las empresas de servicios públicos que han procedido a suspender los servicios.

Por lo tanto, indicaron que los pagos se encuentran detenidos mientras se hacen todas las verificaciones de los casos, evitando incurrir en faltas fiscales o disciplinarias.