A través de la historia, las políticas restrictivas y reaccionarias para con la marihuana han relegado a su consumo al rincón de la delincuencia, de la adicción de parias. Mientras que en países como Países Bajos, Uruguay y en ciertos estados de Estados Unidos se puede comprar cannabis en la lista del mercado del hogar, en Colombia aún hay gente que por lo tabú de la cuestión manipulan la mata de forma clandestina.
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Es por esto que para congresistas como Juan Carlos Losada, representante a la Cámara del Partido Liberal y autor del proyecto legislativo para regularizar el cannabis de uso adulto, abrir ciertas puertas a la marihuana en la sociedad “significaría un avance en materia de derechos y libertades”.
En contravía, la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, no cree que esto represente un avance en derechos ni libertades. “Todo lo contrario. Es como decirle a alguien que es libre de suicidarse y destruir su vida. No es un tema individual, sino familiar y social. Imagínese una libre oferta cómo acabará con familias de bajos ingresos que tienen poco tiempo para estar con sus hijos, quedando estos a merced de volverse adictos en las calles y parques. No es un tema de libertad, la adicción es la esclavitud total, la adicción es la destrucción de la vida propia y de su familia”.
El camino avanza para que este proyecto sea una realidad, pese a tener una fecha límite para no caerse, ya que, luego de aprobarse en la plenaria de la Cámara con 98 votos a favor y 57 en contra, hoy se debate por séptima vez en el Senado, con ponencia de la congresista del Pacto Histórico, María José Pizarro. Este es uno de los dos debates que le hacen falta a la iniciativa para convertirse en ley de la República.
El último, que tendrá lugar en la plenaria del Senado, deberá llevarse a cabo antes del 20 de junio para no caerse, pues ese día termina la presente legislatura. Esta es la primera vez que una iniciativa relacionada con el cannabis pasa seis debates.
Cabe recordar que esta iniciativa para convertirse en ley necesita ocho debates, debido a que busca reformar el artículo 49 de la Constitución Política en el que se enmarca el control que tiene el Estado de la salud pública, sus mecanismos y el acceso de los ciudadanos a ella.
En caso de aprobarse, el artículo 49 de la C.P. quedaría así: “La prohibición prevista no aplicará para el porte y consumo del cannabis y sus derivados por parte de mayores de edad. Tampoco aplicará para su producción, distribución, venta y comercialización con fines de uso adulto”.
Pero para Valencia esto será un problema porque en Colombia no se podrá distinguir entre marihuana legal e ilegal. “Esto provocará más adicciones y ya es alta y preocupante la tasa de jóvenes perdidos en esto. Esto desencadenará enfermedades mentales, problemas de aprendizaje y disminución de la capacidad para el estudio. Algo que no se está reconociendo es que una persona adicta lo será para toda su vida, destruyendo así a su persona y los que lo quieren”.
Lo mismo piensa Yahira Rossini Guzmán, directora de profesores e investigación de la facultad de medicina de la Universidad de La Sabana, a quien la regularización le resulta un riesgo. “Es clara la posibilidad de afectar a personas susceptibles ya con enfermedades mentales o disparar episodios en personas con trastornos mentales ya diagnosticados. Además, le abre la puerta a otras drogas”, explicó.
¿Un golpe al narcotráfico?
Losada ha defendido que la regularización del cannabis en el país permitiría que las rentas dejen de estar en manos de las redes ilegales y sería el Estado el que se encargaría de la comercialización y regulación de la sustancia, así como de la recepción de impuestos. “La legalización de uso adulto en Colombia podría representar USD 435 millones para 2025 en impuestos, según sus defensores”, resaltó.
“Con la creación de un mercado legal del cannabis, los consumidores de esta sustancia van a poder adquirirla de manera legal y no a través de redes delictivas, que hoy han sido las únicas beneficiarias”, sostiene en defensa de una iniciativa que para él es “una muestra de la evolución política del país para pasar de una mentalidad prohibicionista de drogas a una basada en la prevención y la salud pública”.
Y subrayó: “El gran problema de la marihuana es que el hecho de que usted regularice o legalice los mercados, no significa que los mercados ilegales se acaben. Es muy difícil combatir los mercados ilegales y esto se ve en los países que legalizaron, pues el criminal ofrece drogas a menor precio. Es imposible que un establecimiento legal, que pague sus obligaciones como tal, compita con un traficante de callejón. Todos saben esto, se ve en la piratería de música o en la venta de licor irregular”.
El apoyo de Petro
En los últimos años la legalización o caminos similares como la regularización del cannabis se convirtió en un tema clave de todas las agendas públicas. Son muchos los líderes de la región, como Juan Manuel Santos, Pepe Mujica, Michelle Bachelet y Alberto Fernández, que conciben esto como una alternativa para mejorar la vida de las personas y construir mejores sociedades.
En la misma línea está el Gobierno de Gustavo Petro, quienes apoyan la iniciativa de Losada
Gobierno apoya la legalización, a través de la senadora Pizarro, pues consideran que la política antidrogas, tal como se ha aplicado desde su inicio, nunca se logró en Colombia.
No obstante, para Paloma Valencia este apoyo presidencial no es más que otro ejemplo de sus salidas infortunadas. “Petro ha repetido varias veces que el petróleo es más malo que las drogas, lo cual es falso. El petróleo ha permitido la construcción de la civilización que tenemos ahora, empezando por la movilidad, el asfalto de las carreteras y los celulares. Si bien hay retos con el calentamiento global, uno no puede comparar las drogas que no le sirven a nadie con los combustibles fósiles que propician calidad de vida”.
Y concluyó: “El problema no es perseguir al uso recreativo o terapéutico, el tema está en no debilitar la persecución contra los criminales que financian la violencia, que deforestan nuestras selvas, que reclutan a niños y violan a menores. Yo creo que cuando un joven habla de la droga a veces deja de lado todo el infierno detrás”.
La psiquiatra Yahaira Rossini Guzmán considera que Colombia no tiene la infraestructura suficiente en salud mental para contener los efectos de un mayor consumo de sustancias psicoactivas. “No hay suficientes expertos en temas específicos de consumo de drogas y salud. Y si se aprueba esta ley se espera que aumenten las crisis de trastornos mentales. Además, el sistema educativo no está preparado. Para mi concepto sería una imprudencia esta ley”.
Por su parte, la doctora propone hacer campañas educativas respecto al uso de sustancias psicoactivas como se ha hecho con el alcohol y el cigarrillo. Además, promover hábitos de vida saludables, deporte y rumba sana. “Es ncesario plantear desde el Gobierno estrategias que propendan a que en los colegios y en las comunidades se impulsen estos hábitos saludables y no lo contrario”.
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