La Cámara de Diputados uruguaya comenzó a debatir el miércoles un proyecto de ley impulsado por la izquierda gobernante que declara imprescriptibles los delitos cometidos en la última dictadura (1973-1985), que caducarían el 1 de noviembre.
Medio centenar de activistas de derechos humanos y familiares de desaparecidos presenciaban desde las barras del Parlamento la reedición de un áspero debate sobre un tema que ha dividido al país sudamericano en los últimos 26 años y que según las previsiones se extenderá hasta la madrugada del viernes.
El proyecto, que es tratado en carácter de urgente, ya recibió media sanción el martes en el Senado, cuando fue aprobado con una ajustada mayoría de 16 en 31 votos, solo con el respaldo del oficialista Frente Amplio.
La norma aprobada “restablece el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado” hasta el 1 de marzo de 1985, fecha del retorno de la democracia.
Además, declara estos delitos “crímenes de lesa humanidad de conformidad con los tratados internacionales” y afirma que “no se computará plazo alguno, procesal, de prescripción o de caducidad” para su juzgamiento.
Según sus impulsores, el proyecto derogaría de hecho la denominada Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, aprobada en 1986 cuando la justicia comenzaba a citar a militares por violaciones a los derechos humanos.
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