“Esto es un acto de rebelión ante una ley totalmente injusta”, dice a la AFP Rodrigo Rojas, un peruano de 51 años que junto a cientos de otras personas se manifestaron, entre estruendo de pitos y bocinas, ante el Hospital Gregorio Marañón de la capital.
Comprometido en una política de rigor sin precedentes para intentar reducir el déficit público de 8,9% en 2011 a 6,3% este año, el gobierno conservador de Mariano Rajoy decidió en abril cerrar a partir del 1 de septiembre el acceso a los servicios gratuitos de salud pública a los inmigrantes irregulares.
“El gobierno de Rajoy hace esto para dificultar la vida en España de los inmigrantes”, denuncia Teresa, de 56 años, mientras protesta cubierta con una bandera de su país, Uruguay. Como muchos manifestantes prefiere no dar su apellido.
Muchos médicos se declararon contrarios a esta medida y afirmaron que seguirán atendiendo a sus pacientes sin papeles.
“Mi lealtad hacia los pacientes no me permite faltar a mi deber ético y profesional y cometer un abandono”, dice un manifiesto que ayer ya habían firmado en internet más de 1.885 médicos, entrando a formar parte de una red de “objetores de conciencia”.
Ante la indignación provocada por esta reforma, el gobierno español asegura que los indocumentados seguirán siendo atendidos aunque para ello deberán pagar por el servicio o que este sea facturado a sus países de origen cuando exista un convenio bilateral.
Siete de los 17 gobiernos regionales del país -País Vasco, Navarra, Cataluña, Andalucía, Galicia, Asturias y Canarias- ya anunciaron que buscarán las fórmulas para mantener el acceso a la salud pública para los inmigrantes irregulares.
Te puede interesar: