Amnistía Internacional (AI) ha denunciado hoy que armas ligeras fabricadas en Serbia y vendidas legalmente a Burkina Faso han acabado en manos de grupos yihadistas en el Sahel, y ha advertido a países europeos que exportan armamento a esa región que el material puede ser usado para asesinar y violar derechos humanos.
AI denuncia, en un comunicado publicado hoy, que sus expertos han identificado, en vídeos publicados en las redes sociales por grupos yihadistas que operan en el Sahel, fusiles serbios vendidos a Burkina Faso.
En la nota se advierte de que también la República Checa, Francia y Eslovaquia han exportado grandes cantidades de armas ligeras a países de la región, indica la nota.
“Las armas serbias que identificamos son la prueba más reciente de que cualquier arma vendida a los gobiernos de la región del Sahel corre el riesgo de caer en manos de grupos armados brutales, y agravar el conflicto”, subraya en la nota Patrick Wilcken, director de Seguridad Empresarial y Derechos Humanos de AI.
ARMAS DESVIADAS
AI recopiló y analizó más de 400 piezas de contenido digital de Burkina Faso y Malí, incluidas fotos y vídeos publicados por yihadistas entre enero de 2018 y mayo de 2021, en los que se ven armas en manos de diferentes grupos.
Aunque la mayoría eran Kalashnikov soviéticos, en 12 casos se identificaron armas nuevas fabricadas por la empresa serbia Zastava, como ametralladoras M02 Coyote y fusiles de las series M92 y M05, incluidos los modelos M05E3, que no estaban disponibles antes de que comenzaran los combates en el norte de Malí, en 2011.
Es probable que estas armas fueran desviadas hacia esos grupos, ya sea por canales ilícitos o por captura en el campo de batalla, señala la ONG.
AI PIDE RESTRICCIONES
Ante el creciente deterioro de la situación en el Sahel, la ONG insta a los estados exportadores a adoptar medidas estrictas para evitar que las armas se desvíen y acaben usándose para cometer violaciones de derechos humanos.
“Si no se puede garantizar la protección, no se deben vender armas”, insiste Wilcken.
Malí se enfrenta desde 2011 a la violencia de grupos armados yihadistas, como el Estado Islámico en el Gran Sahara (EIGS) y el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), afiliado a Al Qaeda, en un conflicto que se ha extendido a Burkina Faso y Níger.
“Serbia, la República Checa, Francia y Eslovaquia han ratificado el Tratado sobre el Comercio de Armas, que prohíbe la transferencia de armas si existe el riesgo de que se utilicen para cometer o facilitar violaciones de derechos humanos”, recuerda AI.
MASACRES DE CIVILES
“El conflicto en el Sahel se ha caracterizado por graves violaciones de derechos humanos cometidas por todas las partes, incluidas masacres de civiles”, añade.
Más de 6.000 civiles fueron asesinados entre 2017 y 2021 en Burkina Faso, Malí y Níger, mientras que “más de un millón han sido desplazados en la región y la crisis humanitaria se está convirtiendo rápidamente en una de las peores del mundo”, indica Wilcken.
Ante la conferencia anual del Tratado sobre el Comercio de Armas, convocada para el 30 de agosto en Ginebra, AI insta a todos los países a “cumplir sus obligaciones y abstenerse de cualquier venta que pueda alimentar violaciones de los derechos humanos”.
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