Cientos de alumnos de las Escuelas Públicas de Chicago (CPS), en su mayoría chicas, fueron víctimas de abusos sexuales por parte de maestros y empleados en los últimos diez años, según una investigación que publicó hoy el diario Chicago Tribune.
Los abusos, que en algunos casos llegaron a violaciones, fueron el resultado de fallas sistémicas en la protección que deberían recibir los estudiantes, señala el informe que investigó 523 denuncias policiales realizadas entre 2008 y 2017.
La investigación halló que 72 empleados de CPS, incluidos maestros, consejeros, entrenadores deportivos y guardias de seguridad, habían cometido estos abusos sexuales.
"Controles inefectivos expusieron a los estudiantes a educadores con antecedentes penales graves", y en muchos casos los maestros y directores escolares que tuvieron conocimiento de lo sucedido no hicieron las denuncias correspondientes a la policía, como sería su obligación, agrega.
Chicago, el tercer mayor distrito escolar del país, con más de 400.000 estudiantes, habría tratado de encubrir los resultados de algunas investigaciones internas de denuncias, y en por lo menos un caso habría intentado desacreditar a una de las víctimas, según el Tribune.
"Esto me enferma del estómago", declaró hoy la directora ejecutiva de CPS, Janice Jackson, al ser consultada sobre el informe, aunque dijo que el distrito ya había tomado medidas para investigar casos de presunta mala conducta sexual, acoso o abusos cometidos por sus funcionarios.
"Los padres y las familias nos confían para educar y proteger a sus hijos, y esa confianza es sagrada", agregó.
La Junta de Educación de Chicago anunció la contratación de un experto externo e independiente para revisar las "prácticas, políticas y procedimientos para abordar las denuncias de abusos.
CPS informó además de que comenzará a realizar verificaciones de antecedentes de todos sus empleados actuales, de forma periódica, además del proceso existente previo a la contratación.
El informe también responsabiliza a la Junta de Educación de Illinois, cuyos trámites burocráticos demoran años las investigaciones de denuncias y ayudarían a proteger a los predadores sexuales de cualquier medida disciplinaria.
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