Fuerzas del ejército y la policía se enfrentaron el viernes con partidarios del expresidente Evo Morales en una ciudad del centro de Bolivia, dejando un saldo de cinco fallecidos y al menos 75 heridos, en un hecho de violencia que intensifica el desafío para el gobierno de la autoproclamada presidenta interina Jeanine Áñez.
Este mortal enfrentamiento profundiza aún más la crisis que vive el país andino desde hace tres semanas, generada por protestas contra el presunto fraude en la contienda presidencial del 20 de octubre, que Morales dijo haber ganado. El líder indígena terminó dimitiendo el domingo tras presiones de la policía y el ejército.
En la jornada, miles de manifestantes --en su mayoría cocaleros del Chapare, reducto del exmandatario-- buscaban ingresar a la ciudad de Cochabamba para protestar contra Añez y reclamar el regreso de su líder. Los choques comenzaron cuando manifestantes trataron de cruzar un puesto militar de control, donde opositores y seguidores de Morales se enfrentaron durante semanas.
Los cocaleros informaron de al menos cinco fallecidos cuando las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra los manifestantes. Más tarde el Defensor del Pueblo en esa ciudad, Nelson Cox, confirmó cinco fallecidos por impacto de bala, 26 heridos y 124 detenidos. La policía informó que a muchos detenidos se les decomisó armas y explosivos.
Después el director del hospital en Sacaba, Guadalberto Lara, dijo a The Associated Press que además de las cinco personas fallecidas, al menos 75 resultaron heridas, en su mayoría de bala.
Emeterio Colque Sánchez, un universitario de 23 años que participó en la protesta, dijo que vio los cuerpos de varios manifestantes muertos tendidos en el piso.
Sánchez, quien habló desde el lugar de los enfrentamientos, dijo que cerca de dos docenas de heridos fueron trasladados a un hospital.
En La Paz, manifestantes afines a Morales chocaron con la policía que usó gas lacrimógeno para controlar la protesta. Personas mayores y niños quedaron atrapados cuando buscaron refugio en negocios que habían sido cerrados detrás de láminas de metal para protegerse de saqueadores.
Poco antes, Áñez denunció un supuesto “plan subversivo del régimen saliente que intenta destruir el Estado”. Según la autoproclamada mandataria interina, el blanco son instalaciones petroleras”.
El ministro de Gobierno anunció la supuesta participación de extranjeros. Nueve venezolanos fueron detenidos con armas cerca de la frontera con Brasil, dijo en rueda de prensa
Por la mañana, la nueva canciller anunció la ruptura de las relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro, el alejamiento de la UNASUR y ALBA y la salida de la brigada médica cubana del país en un giro de 180 grados respecto de la política exterior que imprimió por casi 14 años el expresidente Evo Morales.
La canciller Karen Longaric dijo en rueda de prensa que Bolivia deja UNASUR porque en los hechos “el bloque ya no opera, ya no existe y no sirve”.
(Lea aquí: Bolivia rompe relaciones con Maduro y deja Unasur y Alba)
Agregó que “el gobierno de Bolivia se ha desvinculado del tratado del ALBA” en referencia a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América que impulso el fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez.
Longaric anticipó, además, que la embajadora venezolana en Bolivia, Cris González, será declarada persona no grata. “Se dará un plazo para que salgan del país”, dijo al sindicar al personal diplomático de Venezuela, “por haberse involucrado en asuntos internos” de Bolivia.
La funcionaria, además, cesó a todos los embajadores de Bolivia porque eran “operadores políticos”, excepto al embajador en Perú y al representante ante la Santa Sede.
En los tres meses de gobierno de la presidenta interina Jeanine Áñez no se nombrarán embajadores, dijo.
Áñez había anticipado que su gobierno transitorio reconoce al líder opositor venezolano Juan Guaidó como mandatario legítimo de Venezuela y le pidió que enviara un embajador a Bolivia.
De la misma forma, Longaric dijo que el nuevo gobierno boliviano envió una queja a México por los “pronunciamientos hostiles” que desde su exilio en ese país hace el expresidente Morales.
Más temprano Áñez advirtió que si el exmandatario regresa al país deberá enfrentar un juicio por fraude electoral, mientras el gobierno y el partido de Morales buscan un acercamiento para restaurar la paz y celebrar elecciones en medio de fuertes movilizaciones.
Morales renunció el domingo por la presión de la policía y el ejército tras las protestas en todo el país por un supuesto fraude en los comicios de octubre. Una auditoría electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) halló irregularidades generalizadas en las elecciones.
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En la mañada del viernes, Áñez reconoció que hay aproximaciones con legisladores del Movimiento Al socialismo (MAS), el partido de Morales, que controla casi dos tercios de la Asamblea Legislativa, para encaminar la agenda legislativa, pacificar el país y convocar nuevas elecciones.
De la mediación participan la Conferencia Episcopal de Bolivia, la Unión Europea y Jean Arnault, el enviado especial del Secretario General de Naciones Unidas, que era esperado el viernes en La Paz.
Todas las partes marcaron como prioritaria la restauración de la paz en un país convulsionado desde los comicios y donde más de 10 personas han muerto --sin contar el reporte de al menos cinco víctimas más el viernes-- en las protestas que, en un primer momento, estuvieron impulsadas por opositores y líderes cívicos contra del fraude.
En La Paz algunas gasolineras se quedaron sin suministro por los bloqueos de carreteras en la cercana ciudad de El Alto, un bastión de Morales e importante punto de distribución de combustible.
El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, denunció un “ataque” a un ducto.
Áñez dijo la víspera que Morales no puede postularse como candidato en unas nuevas elecciones, aunque el derrocado mandatario sigue siendo el presidente de la nación andina dado que la Asamblea Legislativa no aceptó todavía su renuncia.
“La Asamblea tiene que rechazar o aprobar la renuncia. Hasta ahora no aprobaron ni rechazaron”, apuntó Morales en una entrevista con The Associated Press la víspera en México, donde recibió asilo político.
Parte de la oposición a Morales nació de su rechazo a aceptar el resultado de un referendo que le había prohibido presentarse a la reelección.
Tras su dimisión, no estaba claro si la autoridad electoral boliviana tendría que prohibirle formalmente postularse a unos nuevos comicios.
Una larga línea de carros se formaba en varias gasolineras de La Paz, después de que se quedaron sin suministro por los bloqueos de carreteras en la cercana ciudad de El Alto, un bastión de Morales y un importante punto de distribución de combustible.
“Ya no hay gasolina,“ dijo Efrain Mendoza, 42, un taxista de El Alto que tuvo que comprar gasolina en el mercado negro al doble del precio regular. “Los productos están escaseando. No hay carne, ni pollo, la gente hace filas muy largas. Todo por los bloqueos. Hay división en Bolivia. Es desesperante”.
Morales cambió la política de Bolivia, gobernada durante décadas por descendientes de europeos, al revertir la profunda desigualdad. La economía creció con fuerza gracias a la suba del precio de las materias primas y promulgó una nueva constitución que creó un Congreso con escaños reservados para minorías indígenas y permitió el autogobierno de las comunidades nativas.
Aunque algunos de sus seguidores se mostraron descontentos por su insistencia en aferrarse al poder, Morales sigue siendo una figura popular, especialmente entre los aymara, la etnia a la que pertenece.
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