Han pasado dos meses tras el sorprendente estallido social en Cuba y el retorno de una aparente calma pública a la isla parece indicar que los cambios que esperan miles de manifestantes no llegarán. O al menos no tan rápido. Más certidumbre hay, por el contrario, con las previsiones más sombrías: las autoridades han respondido con una violenta represión no sólo contra activistas y disidentes, sino también contra cientos de ciudadanos corrientes que salieron a protestar el 11 y 12 de julio debido a la grave crisis de abastecimiento que atraviesa la isla.
El número exacto de detenidos es incierto, porque el Gobierno no brinda casi informaciones. La organización Cubalex , que recoge datos sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, dice que ha podido confirmar 1.020 detenciones desde el primer día de las protestas. Activistas estiman que la cifra real es mayor, debido a las miles de denuncias de personas con familiares en paradero desconocido. Muchos de los detenidos de los que se tiene constancia están incomunicados, comenta la periodista independiente Luz Escobar. “Se han denunciado golpes durante los arrestos, dentro de las unidades de policía y los centros penitenciarios”, dice Escobar a DW.
La reportera del diario opositor online 14ymedio –no reconocido formalmente por el Gobierno, como todas las publicaciones independientes– es víctima habitual de campañas de hostigamiento a través de agentes que le impiden salir de su casa. Tras el 11 de julio la sometieron a un arresto domiciliario virtual de 17 días, el más largo hasta ahora, asegura. “No existe un momento similar. Esto que ha ocurrido es inédito”, dice Escobar sobre la ola represiva de los últimas dos meses.
Las redes sociales como catalizador
“Lo que ha tenido lugar en los últimos meses es una neutralización eficaz de la base social que protestó por medio de la represión, la descalificación mediática oficial y la aprobación de decretos leyes, como el 35, que incrementan el control de la libertad digital y las redes sociales”, dijo a DW el conocido historiador cubano Rafael Rojas, desde México. El decreto ley 35 fue aprobado en agosto y tipifica por primera vez supuestos delitos como el de criticar al Gobierno en internet. A las redes sociales se les atribuye un papel fundamental para contribuir a expandir la chispa del descontento social en julio. El uso de las nuevas tecnologías ha sido un arma de doble filo para el régimen: la necesidad de impulsar la digitalización como motor económico ha abierto, por otro lado, la puerta a medios de comunicación que escapan a su control férreo.
Tímida apertura
La represión y la criminalización de la protesta no han sido, sin embargo, la única respuesta. Una tímida apertura para intentar paliar de inmediato las carencias que padecen los cubanos muestra que el Gobierno es consciente de los riesgos para su poder. En la isla faltan desde hace años bienes básicos en tiendas y mercados, a ello se han sumado los apagones y el fuerte impacto de la pandemia. Las autoridades permiten ahora que los viajeros entren a Cuba con alimentos, medicamentos y productos de higiene sin pagar aranceles y han autorizado las “ventas de garaje”, en un país habituado a todo tipo de prohibiciones e impedimentos al libre flujo de bienes. Además, ha abierto más espacios para la maniatada iniciativa privada –el llamado “cuentapropismo”– y para las cooperativas agrícolas, medidas con mayor potencial de generar beneficios económicos.
El economista exiliado Pavel Vidal, sin embargo, cree que las medidas no alcanzarán para frenar la crisis en el mediano plazo. “Es muy poco lo que el Gobierno puede hacer para evitar el deterioro de las condiciones económicas y sociales”, dice Vidal, que lleva años reclamando reformas más profundas. “No se puede descartar que, en el segundo semestre, (de 2021) veamos rasgos de una crisis humanitaria, al menos temporalmente”, considera.
Los vaticinios con Cuba siempre han sido complicados y en estos momentos es difícil estimar cómo y cuánto influirá el estallido social en el futuro de la isla, sobre todo en momentos en que la vieja guardia de la revolución está más cerca del retiro definitivo, por evidentes razones biológicas. Lo indiscutible, por ahora, es el diagnóstico. “Las protestas populares del 11 y 12 de julio sirvieron para hacer visible un estado de malestar amplio ante las políticas públicas en Cuba”, cree Rafael Rojas. Y lo que parece seguro es que las necesidades de la gente no van a desaparecer con la violencia, así como tampoco con las escasas medidas para intentar tapar una crisis desbocada.
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