Corte europea impone revisión de la ley de protección de datos personales

08 de abril de 2014 06:56 AM

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La justicia europea impuso este martes una revisión de la legislación europea sobre la conservación de datos personales utilizada para luchar contra el crimen organizado y el terrorismo, por considerarla una intrusión.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró "inválida" la directiva sobre la conversación de datos porque "comporta una injerencia grande y especialmente grave de esta directiva en los derechos fundamentales" al respeto a la vida privada y a la protección de datos personales, sin que esta injerencia esté "limitada de forma efectiva a lo estrictamente necesario".
   
Según el fallo, al adoptar la directiva, los legisladores de la UE "excedieron los límites que impone el respeto del principio de proporcionalidad".
   
Pero la corte consideró también que "la conservación de datos (...) responde a un objetivo de interés general, a saber la lucha contra la criminalidad grave así como, en definitiva, la seguridad pública".
   
La directiva en cuestión tiene por principal objetivo armonizar las disposiciones de los Estados miembros sobre la conservación de datos generados o tratados por los proveedores de servicios de comunicación. Garantiza la "disponibilidad de esos datos con fines de prevención, investigación, detección y represión de infracciones graves".
   
Esto abarca todos los datos relativos al tráfico, informaciones de localización y "toda información conexa necesaria para identificar al suscriptor de un servicio o al usuario".
   
"Estos datos (...) son susceptibles de ofrecer indicaciones muy precisas sobre la vida privada de las personas cuyos datos son conservados, como las costumbres de la vida diaria, los lugares de estancia permanente o temporaria, los desplazamientos diarios u otros, las actividades practicadas, las relaciones sociales y los ambientes sociales frecuentados", señala la corte.
   
El Tribunal señala varios puntos problemáticos, entre ellos la duración de la conservación de los datos, considerada "desproporcionada", la falta de protección contra los riesgos de abuso y la ausencia de medidas para "limitar a lo estrictamente necesario" la injerencia en la vida privada de los individuos.
   
El tiempo de almacenamiento de datos puede llegar a 24 meses "sin que la directiva precise los criterios objetivos" necesarios para establecer un tiempo de conservación de datos a fin de limitarlos al mínimo necesario.
   
Finalmente la directiva "no impone una conservación de datos en el territorio de la Unión" y "no garantiza el pleno control del respeto de las exigencias de protección y de seguridad por una autoridad independiente" como se exige explícitamente.

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