Dilma Rousseff bajo presión para vetar nueva ley forestal en Brasil

La aprobación de una ley que reduce áreas protegidas y amnistía a quienes talaron grandes superficies en la Amazonía de Brasil, a pocas semanas de la cumbre Rio+20, es un triunfo del sector agropecuario y una derrota de los ecologistas, que piden el veto presidencial. 
“La reforma aprobada es el mayor retroceso ambiental en Brasil en décadas” porque “promueve una amnistía para quienes deforestaron ilegalmente en la última década, deja grandes áreas que no serán reforestadas y reduce lo que los productores deben proteger”, denunció a la AFP el coordinador del Fondo para la Naturaleza WWF en Brasil Carlos Rittl. 
“Aprobaron un texto que presenta incentivos reales a nuevas deforestaciones”, denunció el Comité en Defensa de los Bosques, que agrupa a 163 ONGs brasileñas. 
El Congreso de Brasil aprobó el miércoles la reforma de la ley que establece el porcentaje de selva que los productores rurales deben conservar en sus tierras, una cifra que llega a 80% en la Amazonía, y muchos analistas ya anticipan las críticas en la cumbre de la ONU Rio+20, cuando más de 100 gobernantes debatirán en junio en Brasil el desarrollo sustentable del planeta. 
“Brasil no tiene la condición moral de recibir jefes de Estado de todo el mundo para discutir la sustentabilidad si aprueba semanas antes una ley que prácticamente destruye la conservación de la vegetación nativa”, afirmó a la prensa el ex viceministro de Medio Ambiente y director del Instituto Democracia y Sustentabilidad, Joao Paulo Capobianco. 
El texto, aprobado por un poderoso lobby agropecuario ávido por ampliar las tierras cultivadas y que tiene holgada mayoría en el Congreso, no es el que esperaba el gobierno, que analiza su complicado alcance. 
Un estudio divulgado por la Universidad de Brasilia estimó que la nueva legislación podría aumentar en 47% la deforestación para 2020. 
“La presidenta analizará con mucha serenidad, sin animosidad” la posibilidad de vetar el texto o partes del mismo, declaró este jueves el ministro de la Secretaría de la Presidencia, Gilberto Carvalho. “Tenemos mucha responsabilidad con el país”, dijo. 
“Cualquier cuestión que en la práctica signifique amnistía (para quienes talaron ilegalmente), creo que tiene posibilidades de sufrir el veto” presidencial, afirmó a la prensa la ministra de Relaciones Institucionales, Ideli Salvati. 
La coalición de gobierno se dividió en la votación, y ahora unos defienden la reforma y otros el veto presidencial.  
Marina Silva, ex ministra de Medio Ambiente, llamó a apoyar la campaña #VetaDilma! que circula en internet, apelando a la promesa electoral de Rousseff de vetar una reforma que impulse la deforestación o amnistíe a quienes deforestaron ilegalmente. 
La reforma enfrenta dos caras de Brasil: la del gigante agropecuario con exportaciones récord y cuyos cultivos ocupan el 27,7% del territorio, y la del país con 5 millones de km2 de bosques que cubren más del 60% del territorio de esta nación, que consiguió reducir la deforestación amazónica de 27.000 km2 en 2004 a poco más de 6.000 km2 en 2011. 
“Si no hay un veto de la presidenta, Brasil perderá la credibilidad y las conquistas que llevaron al país a reducir la deforestación”, dijo a la AFP Paulo Moutinho, del Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía (IPAM).  
Brasil es uno de los mayores emisores de gases nocivos al planeta debido a la deforestación, que el país se comprometió a reducir en 80% para 2020. 
Los agricultores aseguran que la nueva ley no impulsará la deforestación y defienden la reforma porque la legislación anterior “era incompatible con el grado de evolución del agronegocio brasileño”, dijo Assuero Doca Veronez, alto dirigente de la Confederación Nacional de la Agricultura. 
Agricultores y ecologistas estaban de acuerdo con reformar la ley y el gobierno estaba dispuesto a flexibilizar algunas exigencias para que los agricultores pudieran reforestar parte del territorio talado, pero con la reforma actual la recuperación de bosque se reduce al mínimo y las áreas protegidas caen. 
La importancia de esta ley, que define lo que los propietarios rurales deben proteger, se debe a que de los 5,3 millones de km2 de selvas y bosques que tiene Brasil, sólo 1,7 millones están bajo protección del Estado, y el resto en tierras privadas de productores rurales o sin propiedad definida.