Discapacitados en huelga de hambre para exigir subsidios en Bolivia

Una huelga de hambre de discapacitados se amplió este viernes a unas 150 personas para presionar al Congreso a que apruebe una ley de subsidios del Estado, en tanto que el gobierno acusó a “infiltrados” por choques con la policía registrados el día anterior. 
“Unas 150 personas en sillas de rueda estamos, algunos en una improvisada carpa, el resto en la calle”, dijo a periodistas el dirigente Camilo Bianchi, en alusión a los minusválidos que permanecen en vigilia en los alrededores de la plaza de Armas de La Paz, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo. 
Previamente el dirigente Mario Torrico había declarado que “diez compañeros nos hemos declarado en huelga de hambre”, del contingente de 80 discapacitados que llegó el jueves a La Paz tras recorrer 1.600 km durante 3 meses, a bordo de sillas de ruedas. 
Los discapacitados, apoyados por universitarios y, según el gobierno, por opositores, se enfrentaron la tarde del jueves con policías que les impedían con disparos de gases lacrimógenos alcanzar la plaza de Armas, donde querían manifestarse. 
Como prueba, la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, mostró en rueda de prensa una secuencia de fotos de un joven que tras atacar con el rostro cubierto a un vehículo policial, se despoja de la máscara y con el torso desnudo toma unas muletas para unirse a los minusválidos. 
Según el viceministro del Interior, Roberto Quiroz, la policía detuvo a dos minusválidos y dos universitarios que provocaron violencia. Otros diez discapacitados y diez policías sufrieron contusiones a causa de los choques, según el comandante regional de la Policía, coronel Alberto Aracena. 
Una persona, Iver Terrazas, “se encaramó en el capó de una camioneta policial, rompió a golpes el parabrisas y la hizo retroceder”, reportó el diario El Deber. 
Los dirigentes de los discapacitados firmaron semanas atrás acuerdos con el Ejecutivo para el pago por este año de un bono de 1.000 bolivianos (144 dólares) “para los casos graves”. 
Ahora “estaríamos pidiendo 3.000 bolivianos anuales y después creemos nosotros que estamos en nuestro justo derecho de llegar a ganar 4.800, como ganan los compañeros no videntes”, según el dirigente de los minusválidos, Juan José Barreda. 
En Bolivia existen 88.000 personas discapacitadas, entre ellas 13.500 de índole muy grave, según estudios independientes.