Ecuador: Correa pide ONU y Unasur investiguen intentona golpista

El presidente de Ecuador informó el martes que pedirá la conformación de una comisión internacional integrada por las Naciones Unidas y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) para que determinen lo ocurrido el 30 de septiembre del 2010, cuando Rafael Correa asegura haber sido víctima de una intentona golpista por parte de policías. 
El mandatario dijo que ordenó levantar la reserva de todos los documentos relacionados con el evento para que puedan ser consultados libremente por los comisionados internacionales y ofreció que serán accesibles al público a través del sitio web de la Presidencia.
La decisión se produjo luego de una reunión con el Consejo de Seguridad en respuesta a “las tendenciosas insinuaciones de quién ordenó disparar o de un supuesto ocultamiento de información”.
“Aunque el escrutinio externo se considere innecesario y denigrante frente a las contundentes acciones registradas en esa aciaga jornada, el gobierno ha tomado la iniciativa de proponerlo como un acto de sensibilidad extrema ante la memoria de los ciudadanos que ofrendaron su vida y de aquellos que se movilizaron para salvar la democracia”, señaló.
El mandatario pedirá que determinen si hubo intento de magnicidio, si estuvo retenido o secuestrado en un hospital policial y si ordenó a militares que dispararan contra el hospital para rescatarlo.
Correa enumeró los documentos que sacará a luz, los cuales son básicamente son informes de los operativos del ejército de lo acontecido ese día. 
Las oficinas de Unasur y de la ONU declinaron pronunciarse sobre el planteamiento formulado por Correa.
El asambleísta opositor del Partido Renovador Institucional Acción Nacional, Vicente Taiano, dijo a la AP que Correa “ha hecho bien en desclasificar (los documentos) porque es la única forma de establecer qué sucedió ese día”.
“El gobierno del Ecuador nos ha querido vender... la idea de que ese día hubo un intento de golpe de estado, un intento de magnicidio y un secuestro del presidente”, expresó. 
Lo acontecido surgió como una aparente protesta policial por reivindicaciones salariales, a la que el mandatario acudió en busca de aplacar los ánimos. Sin embargo, los uniformados lo agredieron y posteriormente lo recluyeron en un hospital institucional vecino, en cuyas afueras los agentes permanecían armados y en actitud hostil y reprimían con gases lacrimógenos a los simpatizantes de Correa que habían acudido al lugar. 
Después de permanecer en esas instalaciones 11 horas, el ejército desplegó un operativo para rescatarlo.
Los policías decían que nada impedía que Correa salga del hospital, pero el mandatario sostiene que su vida estaba amenazada. 
Durante la jornada surgieron manifestaciones de simpatizantes del gobierno en apoyo al mandatario, así como otras de opositores que vandalizaron medios de comunicación, entre otras acciones.
Los incidentes dejaron en total una decena de muertos, según cifras oficiales. 
Actualmente, tres policías cumplen sentencias de uno o dos años por los eventos del 30 de septiembre; otros seis, incluidos el jefe de la escolta legislativa, coronel Rolando Tapia, apelaron fallos que los condenaban a penas de 4 a 8 años de prisión.
Otro de los sindicados por esos hechos, el director del hospital en donde el gobernante permaneció recluido, coronel César Carrión, quien era acusado de intento de magnicidio, quedó librado del proceso horas después de que el presidente anunciara su decisión de convocar a una comisión internacional, debido a que el juzgado penal donde era enjuiciado declaró “en abandono” el proceso en virtud de que el fiscal general Galo Chiriboga se presentó tarde a la audiencia.
Chiriboga atribuyó su retraso a un problema con el ascensor del edificio del organismo judicial. No emitió comentarios sobre la decisión de los jueces.