Ecuador vivió el lunes nuevos bloqueos e incluso choques entre manifestantes y la policía, en la continuación de protestas en distintas partes del país en rechazo al incremento de los precios del combustible anunciado por el presidente Lenín Moreno.
Indígenas se sumaron el fin de semana a las protestas --iniciadas la semana pasada por transportistas-- las cuales han paralizado diversas actividades. El gobierno ha sostenido que no dará marcha atrás a su decisión de quitar el subsidio a los combustibles bajo el argumento de que ayudarán a enfrentar dificultades financieras del país.
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Durante todo el lunes se registraron bloqueos en varias carreteras y en calles de la capital ecuatoriana, aunque al final del día la situación se tornó más compleja cuando algunas protestas adquirieron tintes de gran violencia: algunos manifestantes burlaron barricadas policiales y militares en las afueras de Quito, e incluso se apoderaron de una tanqueta policial, la incendiaron y la lanzaron por una pendiente.
El ministerio de Energía informó que debido a tomas de pozos petrolíferos se paralizó la operación en los pozos Sacha, Auca y Libertador, los que dejaron de producir unos 65.000 barriles de petróleo diarios.
El presidente Moreno tenía previsto ofrecer una rueda de prensa, pero se suspendió tras postergarse en dos ocasiones.
Las protestas han traído a la memoria de algunos ecuatorianos lo ocurrido a principios del siglo XXI, cuando el entonces presidente Lucio Gutiérrez dejó el poder en abril del 2005 luego de varios días de protestas sociales en medio de críticas a su gestión, aunque hay quien aún ve una situación distinta.
En aquel momento, algunos sectores de la población se opusieron a algunas de las medidas tomadas por Gutiérrez, un coronel retirado, como la destitución de los miembros de la Corte Nacional de Justicia.
“No creo que caiga Moreno, porque la oposición política no está unificada y porque hay otros sectores, como las cámaras, los empresarios (que) tampoco quieren la desestabilización (y) finalmente porque los militares están cerca del presidente “, dijo a The Associated Press el analista político Santiago Basabe.
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El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, dijo en entrevista con la red de televisión Teleamazonas que “tenemos este momento un grupo de indígenas que está destruyendo el orden y quebrantando la paz social, afectando a la infraestructura pública y privada”. Por la tarde, el ministro de la Producción, Iván Ontaneda, señaló en rueda de prensa que el país registra pérdidas por 70 millones de dólares diarios debido a la paralización de actividades y la imposibilidad de transporte entre provincias.
El jueves pasado, los transportistas declararon una huelga de actividades. Posteriormente se unieron grupos de estudiantes y finalmente los indígenas, quienes fueron invitados el domingo por el presidente Moreno al diálogo. El mandatario advirtió que no dará marcha atrás a las medidas decretadas, que buscan solucionar graves deficiencias en la caja fiscal, que destinaba 1.300 millones de dólares para subsidiar combustibles.
Las autoridades confirmaron cerca de 480 detenidos por obstaculizar el tránsito, suspender servicios públicos y agredir a la policía.
Tras las primeras protestas, el gobierno decretó la semana pasada un estado de excepción, que tiene vigor de 60 días en todo el territorio nacional, lo que restringe derechos ciudadanos y faculta al Estado a requisiciones si es del caso. Sin embargo, este lunes la Corte Constitucional, el máximo organismo de control de la Carta Magna en Ecuador, restringió el estado de excepción únicamente a 30 días.
No es inusual que el gobierno ecuatoriano utilice el estado de excepción. La última vez se decretó fue a mediados de año, después de que varios reclusos murieran en riñas y protestas en cárceles de todo el país.
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El lunes, unos 180 manifestantes forzaron la seguridad de las bodegas de una empresa láctea en la población de Lasso, unos 60 kilómetros al sur de la capital, y robaron producto tras agredir a los empleados, las pérdidas aún no han sido cuantificadas. Al norte del país, en la zona de Cayambe, unas 31 granjas de producción de flores de exportación fueron atacadas y se causaron destrozos por manifestantes indígenas, quienes además bajaron llantas de camiones y agredieron a los empleados.
Los obstáculos --principalmente árboles derribados, llantas quemadas y montículos de tierra-- iniciaron en cuatro provincias: Chimborazo y Tungurahua, al centro andino, y Pichincha e Imbabura, hacia el norte y se han extendido a otras durante la jornada. También se ha dado cuenta de enfrentamientos con piedras con la policía y con hostigamiento a la prensa.
La situación ocasionó que las clases fueran suspendidas colegios en la región andina, pero en el resto del país la actividad era relativamente normal.
En la capital los supermercados lucían con algunas perchas vacías o con pocos alimentos.
Los indígenas exigen la derogatoria del decreto que permite la sustancial elevación del precio de los combustibles que pasaron de 1.85 dólares el galón de extra, la más consumida, a 2.39 dólares, mientras que el diésel pasó de 1.03 el galón, a 2.30 dólares.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE), la mayor de su tipo, afirmó que las protestas se desarrollarán por tiempo indefinido.
El gobierno autorizó la elevación del precio del pasaje urbano entre 5 y 10 centavos, lo cual no impidió que los autobuses dejaran nuevamente sin servicio a miles de ciudadanos que se vieron obligados a caminar o utilizar precarias formas de transporte.
Moreno, que asumió la presidencia en mayo de 2017 y debe gobernar hasta 2021, anunció además un paquete de reformas tributarias que crea nuevas contribuciones para grandes empresas y elimina o reduce otros impuestos, además de reformas laborales como contratos de empleo para quienes emprendan un negocio o contratos a plazo para estimular la economía.
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