Organizaciones sociales en Argentina se movilizaron este domingo en Buenos Aires para reclamar justicia por la “Masacre de Avellaneda”, en la que murieron dos jóvenes producto de la represión policial durante una protesta hace 20 años.
Por segunda día consecutivo, las marchas y concentraciones tuvieron lugar entre el puente Pueyrredón -uno de los puntos de acceso a la capital argentina- y la ciudad de Avellaneda, donde Maximiliano Kosteki y Darío Santillán fueron abatidos por la Policía el 26 de junio de 2002 en medio de las protestas populares ante la crisis social y económica que atravesaba Argentina. Lea aquí: Cristina Kirchner considera un “precedente alarmante” extradición de Assange
Por el hecho, dos expolicías de la provincia de Buenos Aires fueron condenados a cadena perpetua y otros seis sentenciados a condenas menores, pero los organismos sociales, nucleados bajo la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), continúan demandando a la Justicia que se condene a los responsables políticos.
“Los responsables políticos siguen impunes hasta hoy. Las causas judiciales no avanzan, ya presentamos 14 testigos a prestar declaración testimonial, donde han descripto situaciones particulares relacionadas a las órdenes para aquella jornada represiva”, indicaron las agrupaciones sociales durante la lectura de un documento.
Por su parte, el hermano de Darío, Leo Santillán, reclamó que el crimen lo cometió el Estado y debe ser investigado.
“Hace 20 años seguimos exigiendo el juicio y castigo a todos los responsables políticos, denunciando que la ‘Masacre de Avellaneda’ es un crimen de estado y tiene que ser investigado”, dijo Leo Santillán, en declaraciones al canal de televisión TN.
“Hubo una orden y una planificación que salió desde el gobierno de Eduardo Duhalde con todos sus funcionarios”, afirmó el hermano del militante asesinado.
Durante el año que se cometió el crimen, gobernaba el entonces presidente de transición de Argentina, Eduardo Duhalde (2002-2003).
Las organizaciones sociales también apuntaron contra el actual ministro de Seguridad argentino, Aníbal Fernández -que en ese momento ejercía el cargo de secretario general de Presidencia- y el excanciller Felipe Solá, quien fue gobernador de la provincia de Buenos Aires (2002-2007).
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