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Enviado de la ONU dice que rebelión en Ecuador amenazó la democracia

AFP

20 de enero de 2012 04:25 PM

Un enviado de la ONU a Ecuador estimó que la rebelión policial del 30 de septiembre de 2010 en ese país puso en riesgo la vida del presidente Rafael Correa y amenazó el orden constitucional, según un comunicado de la organización divulgado por el gobierno ecuatoriano.
El subsecretario para Asuntos Políticos de las Naciones Unidas, el argentino Oscar Fernández Taranco, expresó que los sucesos registrados durante la sublevación en Ecuador “constituyeron un intento de desestabilización política, y una amenaza al orden constitucional y democrático”, según el despacho.
“Estos hechos generaron alarma en la región e internacionalmente por la posibilidad de que pudiesen culminar en un golpe de Estado”, agregó el delegado citado en el comunicado de la ONU.
Cientos de policías se sublevaron el 30 de septiembre de 2010 contra una ley que reformó sus bonificaciones, en hechos que dejaron 10 muertos y 274 heridos, y que el mandatario ecuatoriano denunció como una intentona golpista y de asesinato en su contra.
Fernández Taranco, quien visitó Ecuador entre el martes y el jueves para indagar sobre la insubordinación, añadió que también “amenazaron la vida del presidente de la república, obstaculizaron la labor legislativa, causaron el cierre de aeropuertos, así como otros acontecimientos”. 
Tras reunirse con Correa, autoridades civiles y militares, políticos, representantes de la sociedad civil y la academia, el subsecretario reiteró el compromiso de la ONU con la democracia y el Estado de Derecho como marcos fundamentales para que las sociedades puedan desarrollarse y haya una plena vigencia de los derechos humanos. 
Agradeció al gobierno y a los demás interlocutores por haber “facilitado” su labor e indicó que informará al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, sobre la misión en Ecuador, durante la cual el Ejecutivo le informó sobre el “riesgo” que sufrió Correa “por su integridad física”. 
Asimismo, Fernández Taranco exhortó a completar los procesos judiciales en torno a la rebelión, la cual es denunciada por Correa como intento de golpe de Estado y de asesinato en su contra. 
El mandatario pidió a la ONU que investigue la sublevación, que dejó diez muertos y unos 300 heridos, y asegura que la misma fue instigada por opositores y policías corruptos al tergiversar la intención de una ley que eliminó primas por ascensos y condecoraciones en la fuerza pública. 
La oposición niega esa tesis y acusa al gobernante de haber exacerbado la violencia al presentarse en un regimiento de Quito para, según él, aplacar la protesta policial.

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