La salida este miércoles del diputado opositor venezolano Freddy Guevara de la Embajada de Chile en Caracas puso fin a las liberaciones de 50 personas beneficiadas por medidas de gracia, mientras la ONG Foro Penal ya inició el reclamo para la liberación de 333 presos políticos que quedan en las cárceles.
Guevara se encontraba refugiado en la sede diplomática chilena en Caracas desde el 4 de noviembre de 2017, a donde acudió tras ser acusado de instigar las protestas antigubernamentales que se registraron ese mismo año.
A su salida, beneficiado de la decisión del presidente Nicolás Maduro anunciada el pasado 31 de agosto por la que concedió diferentes medidas de gracia a 110 personas, entre ellas 50 reos, aseguró que vuelve a su casa pero sabe que no es libre.
“Vuelvo a la calle sabiendo que no soy libre, sabiendo que soy un rehén, porque estoy convencido que así como decidieron meterme en esa lista que hoy me permite salir a la calle, el día de mañana puede cambiar por cualquier razón”, manifestó.
UNA DECISIÓN SORPRESA
La medida de indulto carcelario y sobreseimiento de diversas causas a 110 personas, entre las que hay políticos, asistentes del líder opositor Juan Guaidó o ciudadanos arrestados en confusas circunstancias y cuyos casos no contaban con claridad judicial, fue anunciada por sorpresa por el vicepresidente de Comunicación, Jorge Rodríguez.
Según Foro Penal, 6 de las personas beneficiadas estaban en libertad sin ningún proceso pendiente, 24 estaban fuera de prisión pero con procesos pendientes, 26 eran investigadas “por causas políticas” pero no estaban encarcelados, uno era un preso común y 53 estaban en prisión.
La organización habló en todo momento de 50 presos, hasta que el pasado lunes incrementó la cifra a 53 sin brindar explicaciones de este aumento repentino, por lo que se desconoce cual de los datos es el real.
Los dos primeros en abandonar la prisión, el mismo 31 de agosto, fueron los diputados Gilber Caro y Renzo Prieto, que se encontraban presos en la sede de las Fuerzas Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
Caro, a quien las razones por las que fue acusado no le fueron notificadas, y Prieto, acusado de financiamiento de terrorismo y promoción del odio, fueron detenidos en diciembre de 2019 y marzo de 2020, respectivamente.
EL JEFE DE DESPACHO DE GUAIDÓ, LIBRE
Minutos después, pero del Helicoide, centro donde funciona el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), fue liberado Roberto Marrero, jefe de despacho y mano derecha del líder opositor Juan Guaidó.
Había sido detenido el 21 de marzo de 2019, acusado de formar parte de una célula terrorista que, según el Gobierno, “planificaba realizar un conjunto de ataques selectivos”, para los que habría contratado “mercenarios colombianos y centroamericanos”.
Nada más salir, agradeció el apoyo y subrayó su felicidad aunque no se imaginaba así su salida de prisión, sino “de otra manera”.
Desde ese momento se produjo un goteo de liberaciones, entre ellas, la de la ciudadana española Antonia Turbay, abogada y madre de 2 hijos que fue arrestada el 27 de junio de 2019 por funcionarios del Sebin en su casa de Caracas, acusada de ayudar a fugarse al excomisario de Policía Iván Simonovis, que era su vecino.
A la salida, la emoción de Turbay, cuyo nombre no estaba entre los más mencionados, puso rostro a las liberaciones.
UN PERIODISTA Y OTRO ASISTENTE DE GUAIDÓ
Un día después, fueron puestos en libertad el político Demóstenes Quijada, asesor del líder opositor Juan Guaidó, y el periodista Nicmer Evans, quienes se encontraban presos en un centro de reclusión de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Caracas.
Ese mismo día, una docena de opositores salieron de la prisión militar de Ramo Verde, entre ellos el joven Antonio Pérez Cisneros, un taxista detenido en enero de 2018, acusado de estar vinculado al asesinato de un policía.
Junto a él fueron liberados Carlos Villa, Alonso Mora, Vasco Da Costa, José Luis Santamaría, Carlos Aristimuño, Williams Aguado, José Alberto Marulanda y otras tres personas que no fueron identificadas, todas consideradas como presos políticos.
Tras estas liberaciones, según Foro Penal, quedan en Venezuela 333 presos políticos, de los que 311 son hombres y 22 son mujeres. Entre ellos hay 206 civiles y 127 militares, ninguno de los cuales fue beneficiado con la medida adoptada por Maduro.
De ese modo, y siempre según los cálculos de Foro Penal, solo el 13 % de los presos políticos que había antes del indulto se han beneficiado de las medidas de gracia.
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