Fiscalía imputa cargos a opositor venezolano Leopoldo López

El dirigente opositor Leopoldo López fue imputado el jueves por la Fiscalía General por la supuesta malversación de una partida presupuestaria cuando ejercía como alcalde de un municipio de Caracas hace 11 años y a la salida de la audiencia afirmó haber cumplido con la ley en ese entonces y señaló que no tenía temor.
La Fiscalía General anunció el jueves en un comunicado que imputó a López el presunto delito de "malversación genérica simple" por un supuesto desvío de fondos en 2002 cuando dirigía la alcaldía del municipio capitalino de Chacao, en el este de la capital.
De ser declarado culpable López podría ser condenado de tres meses a tres años de cárcel, indicó la Fiscalía.
El Ministerio Público indicó que de acuerdo con la denuncia formulada contra López, "la normativa legal lo obligaba a entregar un porcentaje de los fondos propios de la Alcaldía de Chacao y de lo percibido por situado constitucional a la Alcaldía Metropolitana, cuestión que no realizó sino que fue utilizado para otra partida presupuestaria".
Esta es la segunda imputación que recibe López, de 41 años, en tres meses. La Fiscalía General imputó a López en febrero del delito de "tráfico de influencias" por las presuntas irregularidades que se habrían cometido con dos donaciones que efectuó la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en 1998 a favor de una asociación civil que tiempo después se transformó en un partido.
Por ese caso también fue imputada la madre del dirigente político, Antonietta Mendoza de López, quien se desempeñaba como gerente de comunicaciones de PDVSA en el momento en que se dieron las donaciones.
Acompañado de su esposa, abogados y decenas de seguidores que voceaban "Leopoldo amigo el pueblo está contigo", el responsable nacional del partido opositor Voluntad Popular acudió el jueves a una de las sedes de la Fiscalía General en el centro de la capital para recibir la imputación.
"Queremos dejar claro que no tenemos miedo y que no hay ningún temor de lo que significa enfrentar a estas instituciones que hoy, lamentablemente, están demasiado desprestigiadas no por los casos políticos, sino por los casos de los ciudadanos comunes que mendigan justicia y que son víctimas de cualquier cantidad de delitos", indicó López a la salida de la Fiscalía al rechazar los señalamientos en su contra, y dijo que "me están imputando por un caso que tiene que ver con una decisión que tomé de pagarles a los maestros, bomberos y policías, de acuerdo a lo que establece la ley, con aprobación de la Cámara Municipal y la Contraloría".
El dirigente criticó la acción del Ministerio Público e instó a la Fiscalía y demás poderes públicos a asumir "en este momento histórico el papel que les corresponde: cumplir con la Constitución, la legalidad y la justicia. De lo contrario, se harán cómplices de lo que significa un estado cleptocrático, que se ha articulado para robar, para quitarles el dinero y las posibilidades a los venezolanos y dedicarse a la persecución política". 
El ex alcalde se refería a una grabación difundida la semana pasada por opositores de una presunta conversación entre el conductor de un programa de la televisión estatal, Mario Silva, y un supuesto funcionario de inteligencia cubana en la que se hacían señalamientos de corrupción que comprometen a altos dirigentes del oficialismo.
"Se trata de un ensañamiento, no contra una persona sino contra la Unidad. Lo que pretenden hacer con Leopoldo es un linchamiento político, utilizando las instituciones como paredones de fusilamiento para neutralizar y acallar las voces disidentes", expresó el alcalde de la región metropolitana, Antonio Ledezma, quien fue uno de los dirigentes opositores que acompañó a López en la Fiscalía.
El proceso de López coincide con otras acciones que ha emprendido la Fiscalía General en los últimos meses contra otros opositores.
En marzo la fiscal general Luisa Ortega Díaz presentó al Tribunal Supremo de Justicia una solicitud de antejuicio de mérito para investigar al diputado Richard Mardo por la recepción de fondos privados para actividades políticas. A Mardo se le atribuyen los delitos de "defraudación tributaria y legitimación de capitales". Un mes después el máximo tribunal aprobó abrir el proceso en su contra.
Ortega Díaz también solicitó el 20 de mayo al Tribunal Supremo de Justicia un antejuicio de mérito contra el diputado Juan Carlos Caldera para que le retiren la inmunidad que le otorga la constitución y poder investigarlo por la recepción de fondos privados para actividades políticas.
Mardo y Caldera pertenecen a Primero Justicia, el partido en el cual milita el líder opositor y gobernador del estado central de Miranda, Henrique Capriles.
López fue inhabilitado políticamente en 2005 siendo alcalde de Chacao por la Contraloría General luego de que ese organismo determinó que el político recibió entre 1998 y 2001 donaciones de PDVSA cuando la madre era gerente de comunicaciones de la corporación.
En 2011 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) falló a favor de López que demandó al Estado de Venezuela por la supuesta violación a sus derechos políticos y ordenó a las autoridades venezolanas levantar las sanciones que le impedían postularse a cargos de electivos.
El gobierno venezolano, que está en trámites para salir de la CorteIDH y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no ha atendido hasta el momento esa petición del organismo internacional.