El jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, a quien casi 60 países reconocen como presidente interino, anunció este miércoles que destituyó a su embajador en Colombia, Humberto Calderón Berti, alegando “modificaciones” en su política exterior.
“Hemos decidido designar un nuevo embajador ante la república de Colombia”, reza una carta firmada por Guaidó y dirigida a Calderón Berti con fecha del martes pero divulgada este miércoles.
En la carta, Guaidó alega que estos cambios en su política exterior, y de los cuales hasta ahora solo se conoce la remoción de Calderón Berti, obedecen a una nueva tentativa por “lograr los objetivos trazados” por su Administración interina, que incluyen el desalojo del poder del gobernante Nicolás Maduro.
No se informa en la misiva quién será el sustituto del diplomático destituido.
Calderón Berti, por su parte, no ha reaccionado hasta el momento a la noticia.
Tampoco la legación que responde a Guaidó en Colombia, que aún informa en su cuenta de Twitter que Calderón Berti es el máximo representante de la oposición venezolana en ese país.
Calderón Berti, de 78 años, es un político y experto petrolero que dirigió la estatal Pdvsa, fue ministro de Minas (petróleo), presidente de la OPEP y canciller antes del ascenso del chavismo al poder en 1999.
Fue designado por Guaidó como su representante en Colombia el pasado febrero, pocos días después de que el líder del Legislativo proclamara un Gobierno interino tras no reconocer el nuevo mandato de seis años de Maduro, y amparado en la interpretación que hizo de varios artículos de la Constitución venezolana.
Hace meses, Calderón Berti investigó la presunta apropiación en Colombia de recursos que la comunidad internacional donó para los desplazados venezolanos en ese país, un caso que los medios de comunicación de Venezuela bautizaron como “El Cucutazo”.
Los resultado de esta investigación no se han hecho públicos.
Una organización de exiliados venezolanos en Miami pidió este miércoles a Humberto Calderón Berti, representante de Juan Guaidó en Colombia, que hable acerca de las razones de su cese, porque teme que esté relacionado con el mal manejo de la ayuda donada para venezolanos desplazados.
El presidente de Veppex (Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio), el exmilitar José Antonio Colina, dijo a Efe en Miami que teme que con la destitución se esté tratando de “tapar” los resultados de la investigación sobre el llamado “Cucutazo”.
El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, el opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por medio centenar de países y organismos, anunció la destitución de Calderón Berti en una carta que se dio a conocer este miércoles en la que alega que se debe a “modificaciones” en la política exterior.
“Aun cuando la organización (Veppex) criticó inicialmente al embajador Calderón Berti por la situación de los militares venezolanos en Cúcuta, después evidenciamos que estaba desarrollando una labor importante en función de los venezolanos que han emigrado a Colombia e incluso los que han sido deportados en tránsito hacia ese país”, señala un comunicado.
El presidente de Veppex expresó “desasosiego” por el hecho de que “ocurre primero la remoción del Embajador Calderon Berti antes que los resultados de la investigación por la pérdida de un dinero destinado a la ayuda humanitaria y la designación de un contralor para evitar este tipo de situaciones”.
“Es imperante conocer de parte del embajador Calderón Berti el motivo de su remoción y qué pasó realmente en Cúcuta (ciudad fronteriza con Venezuela) con el dinero de la ayuda humanitaria”, agregó.
A juicio de Colina, “quedarse callado” convertiría a Calderón Berti en “cómplice de los malos manejos” de unos 100.000 dólares destinados a ayudar a los militares venezolanos que desertaron.
A mediados de junio pasado, Calderón Berti, que es reconocido como embajador de Venezuela por el Gobierno colombiano, presentó ante la Fiscalía de Colombia una denuncia contra dos colaboradores de Guaidó por ese caso y anunció que la investigación “se llevará hasta las últimas consecuencias”.
Calderón explicó entonces que fueron los servicios de inteligencia colombianos los que alertaron de las irregularidades.
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