Un juez peruano postergó este martes, por segunda vez, la lectura de una resolución que determinará si el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) es procesado por denuncias de esterilizaciones forzosas cometidas durante su Gobierno.
El magistrado Rafael Martínez, del Juzgado Penal Supraprovincial Transitorio de Crimen Organizado, suspendió la lectura de la resolución hasta el próximo 29 de setiembre.
En este caso se acusa y plantea procesar por autoría “mediata” (con dominio del hecho) a los máximos responsables de las esterilizaciones que causaron la muerte de ciudadanas como Mamérita Mestanza, por la que el Estado peruano reconoció en 2003 su responsabilidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La lectura comenzó el pasado 14 de septiembre, pero el juez la postergó para este martes, aunque durante esta jornada ofreció una reseña histórica del caso y los acuerdos ratificados por Perú sobre derechos reproductivos y sexuales, como el Pacto de San José, la Convención de Viena y la Convención Americana de Derechos Humanos.
Posteriormente informó que la lectura de la resolución continuará desde las 10.00 horas (15.00 GMT) del próximo 29 de septiembre.
Durante la etapa de acusación, el fiscal Pablo Espinoza afirmó que Fujimori, quien cumple una condena de 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad, es “el máximo y principal responsable de las lesiones graves seguidas de muertes y lesiones graves producidas como consecuencia de la realización masiva de anticoncepciones quirúrgicas” realizadas durante su gobierno.
Por ese motivo, planteó que se le enjuicie junto con sus exministros de Salud Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga, actual congresista del partido Fuerza Popular.
En el régimen de Fujimori se diseñó y presentó un plan de control de la natalidad que planteaba reducir los índices de pobreza y tasa de nacimientos entre la población rural y de la selva peruana, con el fin de elevar las condiciones económicas del país.
Sin embargo, este plan dio prioridad a la llamada anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQV), principalmente entre mujeres, sin cumplir con los protocolos de información previa, voluntad y condiciones adecuadas, e imponiendo “cuotas” para los médicos a cargo de las operaciones.
Según datos del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar practicado entre 1996 y 2000, durante esos años se esterilizó a más de 270.000 mujeres, en su mayoría andinas, quechuahablantes y pobres, pero se desconoce con exactitud cuántas fueron sometidas a la operación sin su consentimiento informado.
El juez Martínez señaló la semana pasada que este programa “puso atención en las familias que representaban un sector de bajos ingresos, con nivel educativo ineficiente” y que “para el éxito debía de existir una captación en aquellas zonas rurales con ese tipo de características, que era donde existía la mayor tasa de natalidad” en el país.
Martínez también mencionó que una resolución estableció que no era necesaria la autorización del cónyuge para que las mujeres accedan a estos métodos, con lo cual se vulneró el acuerdo previo de la pareja en decisiones sobre planificación familiar.
Algo más de 8.000 mujeres y hombres están inscritas en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (Reviesfo) abierto por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos desde el año 2016.
Poco más de 2.000 han denunciado formalmente haber sido esterilizadas de manera forzosa y son parte de este proceso contra Fujimori, de ellas 1.307 con lesiones graves, de las que cinco fallecieron a causa de las secuelas de la intervención.
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