La suerte de la líder opositora peruana Keiko Fujimori, sobre quien pesa un pedido de 36 meses de prisión preventiva en la investigación que se le sigue por presunto lavado de activos, se conocerá dentro de unos días, después de que hoy continuara la acusación fiscal y la réplica de su defensa.
El juez Richard Concepción Carhuancho dedicó el segundo día de audiencias a seguir escuchando al fiscal José Domingo Pérez, quien investiga a Fujimori y otros diez colaboradores del partido Fuerza Popular, así como a la abogada de Keiko, Giuliana Loza.
Durante el desarrollo de los alegatos, Pérez y Loza discutieron en varios momentos e incluso se achacaron un desconocimiento de las leyes peruanas, lo que obligó al juez a llamarlos a la moderación e incluso lanzar, en una ocasión, una advertencia a la abogada.
Al concluir, Fujimori tomó la palabra para decirle al juez que él ya "tendría una decisión tomada" sobre el pedido de la Fiscalía para que se ordene su ingreso a prisión.
"Me preocupa que, diga lo que diga o haga lo que haga, usted ya tendría una decisión tomada", dijo la líder opositora tras señalar que se dirigía al juez "con todo respeto y total sinceridad".
Acotó que tenía la "sensación" de que va a ser enviada a prisión después de la detención "injusta" que el mismo juez dictó contra ella hace dos semanas y porque este ya denegó una recusación que presentó su defensa el pasado domingo.
"Espero estar equivocada", sostuvo antes de acusar al fiscal de argumentar el "tremendo despropósito de que (su partido) Fuerza Popular era una organización criminal" y luego variar esa posición por la de que su agrupación "fue infiltrada".
"Su teoría es que yo me infiltré a mí misma", ironizó antes de negar haber tenido vínculos con el exapoderado de la constructora brasileña Odebrecht en Perú Jorge Barata a fines de los años 90, cuando era primera dama del régimen de su padre, Alberto Fujimori.
Keiko también señaló en repetidas oportunidades que un testigo protegido de la fiscalía "miente" al haber brindado información sobre el presunto manejo irregular de los aportes que recibió su partido en su campaña hacia las elecciones presidenciales de 2011.
"Todas las transacciones que se han hecho han sido de manera bancarizada", aseguró para luego también negar que el empresario Vicente Silva Checa, quien tuvo vínculos con el exasesor Vladimiro Montesinos, sea "un asesor en la sombra" de su partido.
Fujimori dijo, además, que tiene "una vida que confirma sin lugar a dudas" que no se va "a ir del país", tal como no ha hecho en los últimos 18 años, desde que cayó el régimen de su padre.
"No me fugué antes, no me voy a fugar ahora", enfatizó para luego considerar "absurdo" que se diga que esto puede suceder porque no tiene una casa propia o porque su esposo, el estadounidense Mark Vito Villanela, es extranjero.
Al concluir, dijo que mantiene "la esperanza de que se hará justicia" y todos conocerán "la verdad", por lo que le pidió al juez que "respete la presunción de inocencia y el debido proceso".
Tras su declaración, el juez Concepción Carhuancho determinó que la audiencia continuará este viernes desde las 10.00 horas (15.00 GMT) para analizar los argumentos de la fiscalía y los defensores de las otras diez personas que son investigadas junto a Keiko.
Posteriormente, el juez deberá tomar una decisión sobre el pedido de prisión para Keiko y Pier Figari, Ana Herz, Jaime Yoshiyama, Adriana Tarazona, Carmela Paucará, Jorge Yoshiyama Sasaki, Vicente Silva Checa, Luis Alberto Mejía, Giancarlo Bertini y Augusto Bedoya.
En ese sentido, analistas y juristas consideran que el juez aún dedicará, cuando menos, todo este fin de semana para escuchar y analizar las solicitudes y luego anunciará su decisión, en el mejor de los casos, a inicios de la próxima semana.
Keiko y sus colaboradores afrontan el pedido de 36 meses de prisión preventiva mientras son investigados por la presunta comisión del delito de lavado de activos durante su campaña presidencial de 2011, que perdió frente a Ollanta Humala.
El fiscal Pérez sustenta una hipótesis de que Fujimori y sus allegados ocultaron hasta un millón de dólares donados por Odebrecht para su campaña, con una contabilidad ficticia en la que se simularon múltiples aportes.
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