Un juez del estado brasileño de Sao Paulo aceptó hoy abrir juicio penal contra el actual presidente de la operadora del metro de la mayor ciudad de Brasil y contra cinco de sus antecesores, acusados de haber comprado 26 trenes para una línea del subterráneo cuyas obras estaban paralizadas.
Los dirigentes de la operadora del Metro, una empresa del gobierno regional del estado de Sao Paulo, autorizaron en 2011 la compra de 26 trenes, cada uno con locomotora y seis vagones, por un valor de 611 millones de reales (unos 185 millones de dólares) pese a que estaban destinados a una línea del subterráneo cuyas obras habían sido suspendidas un año antes por irregularidades.
El juez federal Adriano Marcos Laroca consideró procedentes las acusaciones de la Fiscalía y decretó el auto de apertura a juicio por improbidad administrativa contra el actual presidente del Metro de Sao Paulo, contra cinco expresidentes y dos exejecutivos de la compañía y contra el entonces secretario regional de Transportes.
Entre los acusados, que ahora pasan a la condición de enjuiciados, figuran el actual secretario de Transportes del gobierno de Sao Paulo, Clodoaldo Pelissioni -que ya presidió el Metro-; el jefe de Gabinete de la Alcaldía de Sao Paulo, Sergio Avellada -igualmente expresidente del Metro-, y el actual presidente del Metro, Paulo Menezes Figueiredo.
El enjuiciamiento también se extiende a Peter Walker, Jorge Fagali y Luiz Antonio Pacheco, que ya presidieron la compañía; al exsecretario regional de Transportes Jurandir Fernandes y a los exejecutivos de la compañía Laercio Biazzotti y David Turbuk.
Pese a que la llamada línea 5 o lila del Metro de Sao Paulo fue inaugurada hace pocas semanas y cuenta con 11 estaciones en 20 kilómetros de subterráneo, en la época de la compra de los trenes no existía y sus obras estaban paralizadas por determinación judicial debido a una investigación de irregularidades.
De acuerdo con la Fiscalía, los dirigentes del Metro en 2011 mantuvieron la compra de los trenes, pese a que las obras estaban paralizadas y sin expectativa de reinicio, "sin cualquier explicación aparente".
El Ministerio Público considera que los responsables por la decisión asumieron el riesgo de causar daños a los cofres públicos debido a que, sin las obras concluidas, los trenes ni funcionarían ni podrían siquiera ser sometidos a pruebas.
La Fiscalía denunció igualmente que, como no podían ser usados en otras líneas por tener dimensiones diferentes, los trenes fueron abandonados en varios depósitos y sufrieron, además del desgaste por el tiempo, actos de vandalismo.
La Secretaría de Transportes de Sao Paulo alegó en un comunicado que tanto el actual titular de esa cartera como el actual presidente del Metro tan sólo asumieron sus cargos cuatro años después de la compra de los trenes por lo que no podrían ser acusados de la irregularidad.
La Fiscalía argumentó que los funcionarios que ejercieron la presidencia del Metro tras la compra de los trenes fueron responsables por "omisión" debido a que no hicieron nada para corregir el problema ni para investigar lo ocurrido.
La mayoría de los enjuiciados tiene vínculos con el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), una de los principales formaciones del país y que gobierna el estado de Sao Paulo hace varios años.
Las compras fueron realizadas cuando Geraldo Alckmin ya era gobernador de Sao Paulo, cargo al que renunció hace dos semanas para poder ser postulado como candidato a la Presidencia de Brasil por el PSDB.
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