Un juez pospuso para el 23 de julio la citación a indagatoria del vicepresidente argentino Amado Boudou por presuntas irregularidades en la adquisición de un automóvil, informó el martes el Centro de Información Judicial.
Boudou, procesado recientemente en otra causa por presunta corrupción y supuesto tráfico de influencias, debía declarar el miércoles ante el juez Claudio Bonadío por el caso del automóvil, pero su defensa había pedido la postergación de la cita porque el funcionario debía quedar ese día a cargo del Poder Ejecutivo ante la asistencia de la presidenta Cristina Fernández a la cumbre de los países del grupo BRICS en Brasil.
Bonadío acotó en la resolución en la que accedió al pedido de posponer la citación que "teniendo presente que ésta es la tercer prórroga otorgada" a Boudou, en el caso de que el vicepresidente vuelva a incurrir en una "nueva ausencia, se dispondrá el inicio de los mecanismos dispuestos por los artículos 53 y 59 de la constitución nacional y de la ley 25.320 dictada en consecuencia, con la finalidad de lograr su comparendo compulsivo".
Si bien la semana próxima no habrá actividad en los tribunales por el receso de invierno, Bonadío estará de turno para tomarle indagatoria al vicepresidente.
En una de las ocasiones en que el vicepresidente solicitó la postergación de su citación alegó la realización de una gira oficial por Centroamérica.
De las investigaciones judiciales que afronta Boudou en la que aparece más comprometido es en la causa de Ciccone Calcográfica, la única impresora de billetes de curso legal en el país. El magistrado Ariel Lijo procesó al vicepresidente por cohecho pasivo -recibir sobornos- e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Lijo sospecha que Boudou habría participado de una maniobra junto con dos socios para apoderarse de la compañía en 2010 cuando ejercía como ministro de Economía y beneficiarse luego de jugosos contratos con el Estado. El vicepresidente puede permanecer en libertad mientras se desarrolla el proceso judicial.
Boudou es el primer vicepresidente en ejercicio en ser procesado en la historia de Argentina. Si fuera declarado culpable en un juicio oral por la causa Ciccone podría recibir una pena de uno a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
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