Máximo tribunal venezolano suspende embargo contra televisora Globovisión

El máximo tribunal venezolano suspendió este martes el millonario embargo contra la televisora Globovisión, crítica del gobierno, luego que el canal pagó una multa de 2,16 millones de dólares impuesta por el Estado por la cobertura de una crisis carcelaria en 2011. 
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) “suspende la medida de embargo” que esta misma instancia decretó el pasado jueves por unos 5,6 millones de dólares sobre bienes propiedad de la sociedad mercantil Globovisión Tele, C.A, según el fallo publicado en su sitio web (Lea aquí: Venezuela: juicio sobre millonaria multa a Globovisión). 
Globovisión, que tiene varias sanciones administrativas y ha sido amenazada de cierre por el gobierno, pagó el viernes la multa original que le impuso Conatel, ente estatal que regula las comunicaciones, por la cobertura periodística de una crisis en junio de 2011 en la cárcel de El Rodeo, que dejó unos 30 muertos. 
El vicepresidente ejecutivo del canal, Carlos Zuloaga, confió entonces en que el pago de la multa, que catalogó de “injusta y desproporcionada”, anularía el embargo. 
Ahora el canal deberá además cancelar los “intereses moratorios”, calculados a partir del 1 de enero hasta el 29 de junio, sobre los 2,16 millones de dólares, según el fallo de la Sala Político-Administrativa del TSJ. 
La ejecución del embargo habría obligado la salida del aire de Globovisión, muy crítica con el gobierno de Hugo Chávez, según los representates legales de la televisora. 
Globovisión inició varios procesos legales ante la multa, como la solicitud de la nulidad de la medida ante un tribunal contencioso (que evalúa la legalidad de actos del Estado) y ante el TSJ, que en marzo ratificó la sanción. 
Conatel sancionó al canal porque estimó que éste hizo una “apología del delito”, “incitó al desconocimiento del ordenamiento jurídico” y generó “zozobra en la ciudadanía”, entre otras acusaciones, en su cobertura durante la crisis en El Rodeo. 
Los responsables del canal aseguran que son objeto de una persecución política debido a su línea editorial muy crítica con el Ejecutivo. Sin embargo, el gobierno venezolano asegura que estas acciones responden a razones estrictamente legales.