Es un círculo vicioso. La falta de oportunidades desintegra hogares. Los menores que hacen parte de familias disfuncionales son vulnerables y se ven inmersos en hechos delictivos, pero el sistema penal los devuelve a ellas una y otra vez hasta que cumplen los 14 años y pueden ser sujetos de sanciones. Entonces son remitidos a centro de atención especializada, donde muchas veces el contacto con ese ambiente familiar dañino continúa y en lugar de concretarse la resocialización que plantea el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, van avanzando en la escala de delitos hasta terminar como responsables de homicidios, secuestros y extorsiones. Cuando esto sucede y un menor resulta involucrado en un delito como el homicidio de la abogada Julieth Patricia Mejía, cometido por dos jóvenes de 19 y 14 años en Medellín, se inicia de nuevo de debate, de nunca acabar: ¿endurecer las penas a los menores infractores y reducir la edad de imputabilidad o insistir en una legislación que busque la readaptación de los muchachos mirándolos como víctimas y no como victimarios? NORMA PARA ÁNGELES La ley de Infancia y Adolescencia contempla el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes que se aplica actualmente en 25 distritos judiciales en el país. Con el código pasó lo mismo que con la Constitución del 91: es un dechado de buenas intenciones, pensado para un país con un alto desarrollo social y recursos económicos suficientes para financiar programas de reintegración para los menores infractores y para impulsar programas preventivos. "Se parte del presupuesto de que la familia es un ente resocializador pero en estos casos no es así. Es una idea romántica que no se ajusta en nada al esquema de la sociedad colombiana", aseguró Jesús Augusto Giraldo, asesor de Naciones Unidas en temas de comportamiento humano y experto en derecho de Familia de la Universidad de La Sabana. Para él es necesario trabajar en dos tiempos: bajar la edad de imputabilidad y comenzar programas preventivos con los niños más pequeños que viven en comunidades vulnerables, afianzando un sistema de valores que en sus hogares prácticamente no existe. Y es que el Código de Infancia y Adolescencia establece que los menores de 14 años que hayan cometido un delito no deben ser juzgados ni declarados responsable penalmente. Esto, según Giraldo, parte de un concepto errado de los legisladores que no consideran que los niños y adolescentes de hoy tienen un desarrollo físico y emocional diferente a los de otras generaciones. "Los muchachos que atacaron a la abogada tenían armas sofisticadas y sabían manejarlas. Los adolescentes actuales son capaces de elaborar un plan criminal y ejecutarlo", explica Giraldo, quien advierte que todo vuelve al mismo problema: una deficiente escala de valores inculcada en la familia. VALORES QUE NO EXISTEN Para quienes han trabajado en el sistema de defensa de menores, la discusión debe centrarse en un tema de oportunidades, no en el tema de la sanción. Reconocen que los muchachos aprenden a manipular el sistema y, por eso, no es extraño que se presenten declaraciones como las de los jóvenes involucrados en el crimen de la abogada Mejía que aseguraron tener 11 y 16 años cuando en realidad tenían 14 y 19. Estas mentiras, explicó una ex defensora de menores, son en parte el resultado de haber crecido en un medio en el que "el valor de la vida no existe". Son jóvenes que crecen en un medio hostil, en el que tener un arma es sinónimo de poder y respeto. En el que ser el malo del barrio garantiza la supervivencia. Ahí vuelve a empezar el círculo: ¿el menor infractor es consciente del daño que hace? Claro que sí. Entonces, si el menor creció en un medio en el que no se respeta la vida, ¿se apuesta al cambio de ambiente o a la sanción? MAYOR PENAS A ADULTOS Delitos como el porte de armas y estupefacientes, el hurto y el homicidio son los que con más frecuencia cometen los menores. En muchos casos son utilizados por adultos que aprovechan que a cierta edad son inimputables, que se le miden a todo sin importarles las consecuencias y que cobran poco. El presidente Álvaro Uribe recordó el viernes que las oficinas de cobro que operan en Cali y Medellín utilizan a menores de edad. Por eso, consideró recomendable endurecer los castigos contra los adultos que utilizan a los menores para estas actividades.
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Menores infractores, círculo que no se rompe
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