El Consejo Permanente de la OEA convocó el miércoles a los cancilleres del continente para que analicen la crisis venezolana, mientras decenas de miles de manifestantes protestaban en Caracas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Un total de 19 países votaron a favor de esta medida, aunque aún no se ha definido fecha ni lugar de la reunión.
Dante Negro, director del Departamento de Derecho Internacional de la OEA, dijo antes de la votación que este encuentro no forma parte del procedimiento estipulado en la Carta Democrática Interamericana como paso previo para una posible suspensión de un Estado miembro donde haya ocurrido una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático.
Por su parte, el viceministro venezolano para América del Norte Samuel Moncada rechazó la resolución alegando que representa una intromisión en asuntos internos. "Ayuda forzada no es ayuda, es imposición", dijo.
Horas antes, decenas de miles de manifestantes marchaban en Caracas y el gobierno de Nicolás Maduro amenazó con abandonar la OEA tras casi un mes de protestas que han dejado 29 muertos.
Los manifestantes se movilizaron desde el este y oeste de la ciudad y tomaron la principal autopista para marchar hacia la sede de la Defensoría del Pueblo.
A su paso por el municipio capitalino de Chacao, un transeúnte alertó a la policía sobre la presencia de un explosivo. El comisionado de la policía del municipio, Richard Sánchez, dijo a The Associated Press que miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional acudieron a la zona para desactivar el artefacto y desalojar el lugar, ya que se trataba de "una granada fragmentaria" con un alcance de más de 50 metros.
Poco después de que la marcha alcanzara la autopista, centenares de policías y guardias nacionales comenzaron a lanzar gases lacrimógenos y balas de goma a los manifestantes para bloquearles el paso.
En medio de la represión resultó herido el manifestante Juan Pablo Pernalete Llovera, de 20 años, quien falleció a consecuencia de un golpe que recibió por una bomba lacrimógena, anunció el dirigente opositor y excandidato presidencial, Henrique Capriles, en su cuenta de Twitter.
Por su parte, el gobernador oficialista del estado suroccidental del Táchira, José Vielma Mora, dijo a la televisora local que el trabajador Efrain Sierra, de 28 años, murió la víspera por disparo de arma de fuego en el estómago. Sierra recibió el tiro en medio de una manifestación en ese municipio, con lo que se elevaron a 29 los fallecidos en las protestas que sacuden al país sudamericano.
En tanto, otros puntos del centro de Caracas también fueron tomados por los cuerpos de seguridad por una marcha que realizaron varios miles de seguidores del gobierno y empleados públicos hacia la sede del palacio presidencial.
"En Venezuela el pueblo seguirá resistiendo y derrotaremos el fascismo para que América Latina quede libre de cualquier amenaza", dijo Maduro ante seguidores.
Antes de la reunión del Consejo Permanente de la OEA en Washington, Caracas rechazó la convocatoria y advirtió que, de concretarse el encuentro de cancilleres sin su aval, iniciaría el proceso de retiro de la organización.
No obstante, el jurista venezolano Gerardo Fernández afirmó que para Venezuela es "inviable" salir de la OEA debido a que muchos de los derechos fundamentales contemplados en la carta del organismo forman parte del "derecho interno, con rango constitucional" y desacatarlos implicaría un "fraude constitucional".
Asimismo, el académico Carlos Romero indicó que una medida de ese tipo traería para Venezuela una "mayor profundización" de la crisis debido a que implicaría un "aislamiento" diplomático-político de América Latina y el Caribe.
La tensión política ha desatado una espiral de violencia que ha dejado 29 muertos, 437 heridos y más de 1.000 detenidos de los cuales 65 permanecen bajo arresto y otros 217 serán presentados ante los tribunales.
Ante la compleja situación la ONU, la OEA y varios países de la región han urgido a Caracas a crear condiciones para enfrentar la crisis.
Las acciones de las autoridades venezolanas también han sido cuestionadas por organizaciones como Amnistía Internacional que denunció el miércoles que en Venezuela se utiliza el sistema de justicia de "manera ilegal para incrementar la persecución y los castigos contra quienes piensan diferente".
La canciller venezolana Delcy Rodríguez anunció en su cuenta de Twitter que el 2 de mayo se realizará en San Salvador una reunión extraordinaria de ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en la que Caracas denunciará la "violencia opositora" generada durante las protestas de las últimas semanas.
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