Parlamento uruguayo aprobó declarar imprescriptibles delitos de dictadura

Tras doce horas de discusión, los diputados aprobaron con los votos del oficialista Frente Amplio (izquierda) -- 50 de los 90 legisladores presentes -- el proyecto que había sido votado el martes en el Senado y que ahora pasará al Poder Ejecutivo para su promulgación. 
La norma “restablece el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado” hasta el 1 de marzo de 1985, fecha del retorno de la democracia. 
Además, declara estos delitos “crímenes de lesa humanidad de conformidad con los tratados internacionales” y afirma que “no se computará plazo alguno, procesal, de prescripción o de caducidad” para su juzgamiento. 
Según sus impulsores, el proyecto derogaría de hecho la denominada Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, aprobada en 1986 cuando la justicia comenzaba a citar a militares por violaciones a los derechos humanos, y un año y medio después de otra norma que amnistió a la mayoría de los presos políticos. 
La Ley de Caducidad estableció que el Poder Ejecutivo es quien debe autorizar qué casos de violaciones de derechos humanos pueden ser juzgados. Durante 20 años, los gobiernos de partidos de derecha rechazaron todas las solicitudes presentadas, hasta que en 2005, con la llegada del FA al poder, el entonces presidente Tabaré Vázquez dio luz verde a los primeros juicios. 
Desde entonces, poco más de una decena de personas han sido procesadas, entre las cuales los ex dictadores Gregorio Álvarez y el fallecido Juan María Bordaberry.