Perú reconoce que no hubo reducción de cocales en última década

Perú no redujo los terrenos donde se cultiva coca en el país durante la última década, dijo el sábado Ricardo Soberón, nuevo presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida).“En este tema específico de la reducción y erradicación de cultivos (de hoja de coca) ... (transcurrieron) 10 años en donde no hemos podido conseguir resultados”, dijo Soberón en conversación con la radio limeña RPP.  
“El encargo que tengo del presidente (Ollanta Humala) es hacer esas acciones eficaces y sostenibles en el tiempo”, añadió el abogado que desde agosto tiene a su cargo desarrollar la estrategia nacional de lucha contra las drogas.  
Soberón agregó que Perú está revisando, como cada año “a través de un procedimiento de enmienda, la cooperación” con Estados Unidos.  
En 2010, Estados Unidos otorgó al país 70,3 millones de dólares para programas antinarcóticos, según dijo en enero en Lima R. Gil Kerlikowske, director de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca.  
Humala, quien asumió la presidencia el 28 de julio, suspendió por una semana en agosto la erradicación para afinar procedimientos, lo que provocó críticas para Soberón desde la oposición política y algunos medios locales.  
El asesor de Devida, Julio Castro, dijo que en la gestión del ex presidente Alan García “se prometió reducir 40% la superficie del cultivo de cocales, pero más bien ésta aumentó 20%. Cuando empezó el gobierno de Alan García en 2006, había 48.000 hectáreas de hoja de coca. Ahora hay 61.200 hectáreas”.  
El viernes en Lima, William Burns, subsecretario de Estado de Estados Unidos, dijo en entrevista que la estrategia entre su país y Perú en la lucha antinarcóticos incluye “ingredientes como: desarrollo alternativo, interdicción, lucha contra los precursores químicos, contra el lavado de dinero y la erradicación (de cocales)”.  
Perú es el segundo productor de hoja de coca en el mundo después de Colombia, con 61.200 hectáreas, según el último informe de 2010 de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC).