Piden a EEUU que dé a conocer documentos sobre abusos en Chile

Los sobrevivientes a los abusos cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet esperan que la visita de fines de marzo del presidente estadounidense Barack Obama derive en la difusión de archivos secretos de la CIA que podrían facilitar el enjuiciamiento de responsables de torturas y asesinatos de izquierdistas. 
Dicen asimismo que la visita podría estimular al gobierno chileno a que cumpla su promesa de castigar a los responsables de abusos a los derechos humanos. 
En Chile han sido condenadas más figuras asociadas con la represión que en ningún otro país latinoamericano donde hubo dictaduras. Estados Unidos ayudó desclasificando documentos relacionados con el golpe de estado del 11 de septiembre de 1973 y la represión que le siguió. 
Entre quienes presionan al presidente chileno Sebastián Piñera para que tome medidas concretas en respaldo de las investigaciones independientes de estos crímenes figuran las hijas de dos presidentes cuyas muertes están rodeadas de interrogantes: Salvador Allende, quien se habría suicidado cuando los militares ingresaban al palacio presidencial durante el golpe, y su predecesor Eduardo Frei Montalva, un prominente opositor al gobierno de Pinochet al momento de su muerte, presuntamente envenenado, en 1982. 
“Si el gobierno chileno actual tiene interés en conocer la verdad, en saber lo que pasó, (éste) es el momento”, dijo Carmen Frei a Radio Cooperativa. “Si hay un cambio tan radical como creemos en la política de derechos humanos de Estados Unidos, es el momento que, si él viene a Chile, pueda recibir los oficios y las peticiones” del juez investigador. 
La senadora Isabel Allende, hija de Salvador Allende, dijo que “la justicia tiene una deuda pendiente”, que es “reconocer los numerosos delitos cometidos en esa fecha, identificando a quienes participaron, estableciendo sus responsabilidades penales, y conocer toda la verdad de ese día”. 
“Si bien la familia no tiene dudas respecto a la decisión del presidente Allende de defender con su vida la democracia, es importante que se realicen todas las acciones judiciales que busquen establecer la verdad de todas las muertes y desapariciones desde el 11 de septiembre de 1973”, manifestó en una declaración escrita. 
“Espero que el Estado colabore al máximo con la justicia”, concluyó. 
El abogado Eduardo Contreras, activista de los derechos humanos, dijo a la AP que “es absolutamente correcto y justo pedirle al presidente Obama que haga posible la desclasificación de documentos que ayuden a conocer la verdad acerca de la muerte del presidente Allende”. 
“Esa es una petición de Estado, debiera hacerlo el gobierno chileno... lo podría hacer Piñera”, añadió. 
Fuentes oficiales consultadas por la AP dijeron no saber si Piñera tocará el tema cuando se reúna con Obama. Piñera y sus colaboradores más estrechos están de gira en el exterior en estos momentos. 
Contreras, que patrocinó a comienzos de mes 403 querellas relacionadas con 566 víctimas, no está del todo convencido de que Allende murió por su propia mano. 
“Yo creo que la posibilidad del suicidio también es real. (Pero) La información que se conoce es que con posterioridad al disparo que se habría dado el presidente Allende... se abren las puertas y entran los militares y también disparan sobre el cuerpo de Allende”, expresó. 
La pregunta técnica forense es: ¨Cuál fue la bala que causó su muerte, la que él disparó o una de los militares? 
Una pesquisa judicial determinó que las muertes de 726 personas identificadas por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación --incluida la de Allende-- no habían sido investigadas, tras lo cual la justicia intervino a fines de enero y le asignó los casos a Mario Carroza, un experimentado juez investigador. 
Otro juez investigador, Alejandro Madrid, sigue reuniendo pruebas luego de acusar el año pasado a seis personas, incluidos médicos y antiguos agentes secretos de Pinochet, de envenenar a Frei Montalva. 
Madrid ha estado investigando la muerte de Frei Montalva desde el 2002 y solicitó varias veces a Estados Unidos que suministrase información, en vano. 
Expertos estadounidenses hicieron una búsqueda para rastrear toxinas, pero Washington rechazó varios pedidos de evidencias porque no estaban avalados por los poderes ejecutivos de ambos países, según un informe del 11 de diciembre del 2009 de la embajada estadounidense, difundido hace poco por WikiLeaks. 
Un comité senatorial estadounidense concluyó en 1975 que el presidente de Estados Unidos Richard Nixon y su asesor de seguridad nacional Henry Kissinger gastaron millones de dólares desestabilizando la economía socialista de Allende y dirigiendo conspiraciones de figuras militares para derrocarlo. 
Muchos documentos sobre este período salieron a la luz como resultado de una campaña de presión liderada por Peter Kornbluh, autor de “Pinochet: Los Archivos Secretos”, que resume los más de 25.000 documentos desclasificados hasta ahora. 
“El gobierno de Obama tiene la oportunidad de ensayar una 'diplomacia de archivos' y desclasificar estos documentos, para que puedan ser usados en los procesos legales chilenos”, declaró Kornbluh a la AP. 
El propio médico de Allende dice que lo vio optando por pegarse un tiro antes que entregarse, pero las circunstancias de su muerte no están del todo claras y los jueces buscan a quienes asesinaron a los colaboradores de Allende en el palacio, que fueron las primeras víctimas de una campaña de terror, torturas y asesinatos contra izquierdistas que los militares consideraban terroristas. 
La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación concluyó que en la dictadura de Pinochet fueron asesinadas 3.065 opositores políticos. La mayoría de las matanzas fueron investigadas y unos 600 militares y colaboradores civiles fueron juzgados. Pinochet falleció sin llegar a ser procesado, pero 71 ex agentes represivos cumplen condenadas efectivas por centenares de crímenes de lesa humanidad. El más prominente es el ex el jefe de la policía secreta, general retirado Manuel Contreras, también agente pagado de la CIA, quien probablemente pase el resto de sus días en la cárcel. Decenas esperan condenadas y muchos siguen procesados. 
En Argentina han estado encausadas más personas asociadas con abusos a los derechos humanos, pero hubo menos veredictos de culpabilidad. En Brasil y Uruguay es difícil enjuiciar a los sospechosos pues se dictó una amnistía y Paraguay no ha demostrado voluntad política de juzgar a los responsables de crímenes durante la última dictadura. 
El embajador estadounidense en Chile Alejandro Wolff dijo a la AP que Washington está pronto para prestar ayuda si los chilenos la piden. “Tenemos toda la intención de ayudar si el gobierno chileno solicita información”, declaró. 
Funcionarios estadounidenses dicen que Obama piensa tocar el tema de los derechos humanos durante su visita, pero defensores de esos derechos en Chile temen que Piñera no quiera promover investigaciones que puedan generar escándalos dentro de su coalición de gobierno, que incluye figuras derechistas con vínculos estrechos con la dictadura. 
Al día siguiente que Wikileaks difundió un cable de la embajada estadounidense en el que se expresaban dudas de que la muerte de Frei Montalva fuese resuelta, Piñera ordenó al ministerio del interior que se sumase a la investigación del juez Madrid. Dijo que su gobierno “busca colaborar para que la muerte de un presidente, como el caso de Eduardo Frei Montalva, no siga en las sombras y de una vez por todas sus circunstancias, sus causas y sus responsables sean esclarecidos y aquellos que tengan responsabilidad asuman las consecuencias”. 
Sin embargo, con la presidencia en manos del primer derechista desde el fin de la dictadura de 16 años y medio de Pinochet, muchos activistas dudan de que haya una real voluntad política de investigar los crímenes de lesa humanidad. Esas dudas aumentaron cuando fueron despedidos o transferidos veteranos investigadores de la policía civil y abogados de derechos humanos del ministerio del interior, incluidos los que buscaban evidencias relacionadas con las muertes de Frei Montalva y el cantante Víctor Jara. 
Lorena Pizarro, presidenta de la Asociación de Familias de Detenidos y Desaparecidos, declaró a la AP que Piñera podría demostrar su compromiso con las investigaciones pidiéndole a Obama los archivos de la CIA. 
Presionada por el congreso estadounidense, la CIA reportó otra vez en el año 2000 sobre sus actividades en Chile. Ese informe dice que no había indicios de que agentes estadounidenses hayan estado involucrados en la muerte de Allende, pero admite que los golpistas fueron alentados por la hostilidad estadounidense hacia su gobierno y por otros esfuerzos previos de la CIA por derrocar a Allende. 
El informe concluyó asimismo que, a pesar de que Kissinger declaró públicamente que la dictadura chilena debía respetar los derechos humanos, la CIA mantuvo estrechos contactos con chilenos a sabiendas de que estaban cometiendo abusos y le pagó a algunos informantes que torturaban y cometían otros delitos. 
“No hay duda de que algunos contactos de la CIA activamente cometían y encubrían graves abusos a los derechos humanos”, dijo el informe. 
Muchas de esas figuras nunca fueron identificadas, “pero eso no quiere decir que no puedan serlo”, sostuvo Kornbluh. 
El cable de la embajada filtrado señaló que ahora no hay manera de probar que Frei Montalva hubiese sido envenenado con sustancias químicas empleadas en raticidas y gas mostaza, pero reconoció que los espías de Pinochet habían estado desarrollando agentes químicos y biológicos para usar contra sus enemigos políticos. 
Juan Pablo Hermosilla, abogado de la familia Frei, dijo a la AP que la investigación del juez Madrid, cuyo sumario sigue siendo secreto, había llegado a la conclusión de que agentes chilenos habían obtenido una toxina letal del Centro de Control de Enfermedades estadounidense, entregada a través de Brasil al Instituto de Seguridad Pública, el cual se la había pasado a su vez a la DINA, la policía secreta chilena. La toxina fue usada para matar a dos presos políticos, cuyas muertes también investiga Madrid. 
“La ayuda del gobierno estadounidense puede ser muy importante,” dijo Hermosilla. “No parece creíble el argumento de que no existen en los Estados Unidos los antecedentes”.