Polémica ley de inmigración de Alabama va a los tribunales

Una jueza federal escuchará el miércoles los argumentos de representantes del gobierno de Barack Obama y de organizaciones hispanas, agrupaciones de interés público y líderes religiosos a fin de determinar si una nueva ley de inmigración en el estado de Alabama constituye una agresión a las libertades civiles o si protege los empleos de los estadounidenses y defiende las fronteras ante personas que viven ilegalmente en el país. 
La jueza de distrito Sharon Blackburn tiene prevista una audiencia el miércoles a las 9 de la mañana para atender peticiones para bloquear temporalmente la ley, la cual ha sido calificada por sus defensores y detractores como la más drástica medida legal contra la inmigración ilegal en el país. 
Los abogados dijeron que no tienen idea cuándo Blackburn dará su veredicto, pero señalaron que no cuenta con mucho tiempo, porque la nueva ley de inmigración entrará en vigencia a partir del 1 de septiembre. 
La medida permite que la policía, al detener a conductores por infracciones de tránsito de manera rutinaria, arreste a quienes sospeche que viven en el país ilegalmente. La ley, que tiene cláusulas de amplia interpretación, califica como delito transportar o dar vivienda a un inmigrante que carezca de la debida documentación. Asimismo obliga a las escuelas a reportar la situación migratoria de los estudiantes, una medida que los detractores de la ley dicen hará que los padres teman enviar a sus hijos a la escuela. 
Las demandas judiciales que piden la anulación de la ley, que han sido presentadas por el gobierno de Barack Obama, por una coalición de grupos de derechos civiles y líderes eclesiásticos, han sido consolidadas ante la jueza federal del distrito norte de Alabama. 
El desafío legal en Alabama ha captado la atención a nivel nacional. 
De lo que se trata es ver el alcance que pueda tener Alabama en el control de los inmigrantes que viven en el país ilegalmente. Se han emitido órdenes judiciales para bloquear todas o algunas cláusulas de leyes similares aprobadas en Arizona, Georgia, Indiana y Utah. 
Las repercusiones tienen un potencial gran alcance en vista de que los agricultores de Alabama temen que no hallarán trabajadores con salarios al alcance de su bolsillo para cosechar sus cultivos, y a las autoridades escolares les preocupa si a los hijos de las familias que residen ilegalmente en el área se les negará el acceso a una educación. 
El Centro Pew Hispano calcula que unos 120.000 inmigrantes viven ilegalmente en el estado, muchos de los cuales trabajan en plantaciones, centros avícolas y en la industria de la construcción. 
Quienes critican la iniciativa de ley alegan que una de las cláusulas creará largas filas en los tribunales al obligar a los dueños de vehículos a que muestren prueba de su ciudadanía cuando adquieran cédulas de identificación. 
El gobierno de Obama alega en su demanda que esa ley no puede ser convalidada, pues aduce que el estado está violando la constitución al usurpar poderes del gobierno federal. Otros demandantes son el Southern Poverty Law Center, de Montgomery, y la Asociación Nacional para la Defensa de los Derechos Civiles, o ACLU. 
Otra demanda ha sido presentada por los obispos de las iglesias Católica, Metodista Unida y Episcopal en Alabama, y alega que la ley criminaliza que los cristianos sigan las instrucciones bíblicas de ser “buenos samaritanos” y ayudarse mutuamente. 
Sin embargo los legisladores que aprobaron la medida afirman que era necesaria porque el gobierno federal ha tenido una política laxa en la aplicación de las leyes de inmigración. 
La ley, aprobada por una asamblea legislativa dominada por los republicanos y sancionada por el gobernador republicano Robert Bentley en junio, se parece a iniciativas aprobadas en Arizona y Georgia. Su patrocinador, el representante republicano Micky Hammon, dice que hacen falta leyes que eviten que los servicios del estado beneficien a personas que se encuentran en el país ilegalmente y ayuden a que los empleos sean ocupados por residentes legales en un estado con una tasa de desempleo del 10%.