Un soldado muerto y varios pobladores heridos es el resultado al presente del choque que sostienen policías y soldados con pobladores de la localidad de Santa Cruz Barillas en el departamento de Huehuetenango, al noroeste del país, que se oponen a las operaciones de una empresa hidroeléctrica española.
La población se opone a que en sus territorios funcione la Hidroeléctrica Santa Cruz por temor a que luego se otorguen licencias a otros megaproyectos como la minería y que estos afecten a sus comunidades.
El conflicto se agudizó el pasado viernes cuando la policía arrestó al líder comunitario Mynor Manuel López Barrios, de 43 años, presunto organizador de las protestas contra la hidroeléctrica y acusado de atentado, robo y otros delitos. En represalia por el arresto, algunos pobladores de Santa Cruz quemaron la subestación policial y enseres de la oficina de la Hidroeléctrica española.
Erick Escobedo, vocero del Ministerio de Defensa, dijo el domingo que el soldado, muerto a consecuencia de heridas de bala, pertenecía a un escuadrón de seguridad ciudadana.
"Estos escuadrones los integran personas que hicieron su servicio militar, pero salieron de la institución y luego fueron contratadas por el Ejército, trabajan para nosotros bajo contrato en apoyo a la seguridad ciudadana", dijo Escobedo, y aseguró que el grupo iba desarmado y trasladaba víveres a la conflictiva región.
El conflicto se remonta al año 2006 cuando el gobierno del entonces presidente Álvaro Colom otorgó la licencia de operaciones de la Hidroeléctrica Santa Cruz. En 2007, cuando los pobladores de varias comunidades del lugar hicieron diversas consultas, más de 40.000 personas rechazaron la instalación y operación de la hidroeléctrica, según registro de la organización Convergencia de Derechos Humanos que aglutina a organizaciones de DDHH. Desde entonces se han realizado varios enfrentamientos y denuncias por parte de autoridades y pobladores acusándose mutuamente de provocaciones y agresiones.
Actualmente la hidroeléctrica aun no entra en funcionamiento pues está en la fase de construcción de sus instalaciones.
Los defensores de derechos humanos han denunciado que el estado guatemalteco está criminalizando la lucha por la tierra que sostienen pobladores en la comunidad con el fin de militarizar el área.
"Se está montando un escenario para intervenir militarmente la región y legitimizar una escalada de violencia para la instalación de la hidroeléctrica", dijo Jorge Santos de la Convergencia en Derechos Humanos, que aglutina varias organizaciones.
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