Senado mexicano discute ley que “criminaliza” a migrantes, denuncian ONG

24 de febrero de 2011 05:00 PM

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Un proyecto de ley de migración en México, que podría ser aprobado este jueves, está en la mira de organizaciones civiles, por considerar que criminaliza a migrantes y carece de garantías de acceso eficaz y digno a la justicia para las personas indocumentadas en el país. 
Es una ley que “criminaliza (a los migrantes) porque su óptica es de seguridad nacional”, sin otras consideraciones sociales, dijo a la AFP Nancy Pérez, presidenta en México de la organización Sin Fronteras. 
Los senadores mexicanos tienen previsto aprobar este jueves en sesión plenaria una nueva ley de migración, cuyo documento original, discutido el martes pasado y modificado, otorgaba a los policías facultades de agentes migratorios. 
Algunos senadores se opusieron a que la Policía Federal detenga a personas ilegales en cualquier punto del territorio nacional y consiguieron que esta medida sea eliminada del documento que se presentará ante el pleno, dijo a la AFP un vocero de la cámara de senadores. 
“Es imprescindible quitar de la ley todo aquello que criminaliza la migración y considera a los migrantes como delincuentes, es un esquema muy similar al que aplica Estados Unidos” a los mexicanos indocumentados en Arizona, dijo de su lado a medios locales Ricardo Monreal, senador del Partido del Trabajo. 
Aunque los legisladores en comisiones han planteado eliminar también el artículo que prevé sanciones de hasta 60.000 pesos (unos 5.000 dólares) a quien contrate a inmigrantes ilegales, para las organizaciones civiles esto no es suficiente. 
La iniciativa en general “tiene una mirada de seguridad, de restricciones, control y sanciones”, y carece de “mecanismo y garantías” para que los migrantes puedan tener acceso a un debido proceso ante la justicia, añade Pérez. 
La ley carece de garantías para que los migrantes puedan contar con un abogado defensor proporcionado por el Estado, y para ser entrevistados por personal especializado en población vulnerable como niños, mujeres y ancianos, capaces de identificar a las víctimas de violencia sexual o trata de personas, entre otros, dicen varias ONG en un comunicado de prensa. 
El proyecto tampoco incluye medidas de reconocimiento público, protección y promoción de los albergues que ayudan a los migrantes en tránsito. 
Los dirigentes de albergues ubicados en las rutas de los migrantes a través del país, mucho de ellos sacerdotes, frecuentemente son amenazados por bandas dedicadas al secuestro, pero también sufren el acoso de las policías locales y de migración que los acusan de facilitar el tráfico de personas. 
Los migrantes que transitan por México, en su mayoría centroamericanos, son víctimas de robo, extorsión, secuestro y abuso sexual. La expresión más cruel de este fenómeno fue la masacre en agosto pasado de 72 migrantes en un rancho en Tamaulipas (noreste). 
Según cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, unos 11.333 migrantes fueron secuestrados de abril a septiembre de 2010 en territorio mexicano, a donde unos 400.000 extranjeros indocumentados ingresan anualmente para tratar de llegar a Estados Unidos a trabajar. 
Activistas sociales, religiosos y migrantes centroamericanos realizaron el lunes en la noche en Arriaga, un pueblo en la frontera del estado mexicano de Chiapas y Guatemala, una manifestación para repudiar el proyecto de ley. 
“Queremos la reforma migratoria, pero para que se eviten las muertes, los secuestros, las extorsiones, buscamos trato digno y que ya se haga algo”, indicó Rubén Figueroa, del albergue Hermanos en el Camino.

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