Pedro Chávarry, fiscal supremo peruano y exfiscal de la Nación, investigado por usar su cargo para boicotear las pesquisas del caso Odebrecht, ha sido finalmente suspendido por el Poder Judicial del cargo que aún ostentaba y que le ofrecía protección legal.
Este viernes, el Poder Judicial (PJ) decretó la suspensión por 18 meses de Chávarry de su cargo como fiscal supremo y miembro de la Junta de Fiscales Supremos, elevando así el plazo de suspensión de seis meses que ya le fuera aplicado por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y dándole una mayor consistencia a la misma, que pasó de una resolución administrativa a una legal.
La decisión se tomó para que Chávarry no pueda ejercer influencia alguna en las investigaciones abiertas en su contra por los delitos de encubrimiento real y por intentar acceder irregularmente al contenido de colaboración que sus subordinados en la fiscalía, Rafael Vela y José Domingo Pérez, negociaban con la empresa Odebrecht, con el fin aparente de destruir los avances de la investigación.
CENTRO DE LA POLÉMICA
Chávarry se encuentra en el centro de la polémica y de la crisis política y judicial que vive el país desde que asumió como Fiscal de la Nación a mediados de 2018.
A escasos días de que juramentara como máximo responsable del Ministerio Público, se hicieron públicas unas grabaciones que revelaron la existencia de un entramado de corrupción e intercambio de favores en el seno de la judicatura peruana que afectaba a jueces, fiscales y figuras de la política.
Entre los cabecillas de ese entramado parecían estar el juez supremo César Hinostroza, que al poco huiría a España, donde se encuentra esperando su extradición a Perú y el propio Chávarry, que sin embargo se mantuvo en su posición de privilegio.
Desde allí, y con el apoyo del Congreso dominado por el partido fujimorista Fuerza Popular, precisamente señalado por haberse beneficiado de la trama corrupta y cuya líder, Keiko Fujimori, estaba cada vez más implicada en actos de corrupción y lavado de activos por haber recibido dinero de la empresa brasileña Odebrecht.
Como Fiscal de la Nación, Chávarry criticó las investigaciones del Equipo Especial para el caso Lava Jato dirigido por Vela y Pérez, a quienes atacó por buscar un acuerdo con Odebrecht para que la empresa aportara nombres de personas que recibieron sobornos a cambio de un trato más benévolo.
Chávarry llegó a pedir tener acceso al acuerdo que se estaba negociando, lo que quedaba por fuera de sus atribuciones y que legalmente podía incluso quitarle valor a cualquier pacto.
Esta crisis tuvo su apogeo en la Navidad de 2018, cuando Chávarry aprovechó su posición para sacar ambos fiscales de las investigaciones.
INDIGNACIÓN
Ese paso desató una enorme indignación ciudadana que obligó a reponer a ambos fiscales casi inmediatamente y a él a dimitir como fiscal de la Nación, pero no como fiscal supremo, cargo que le permitía gozar de inmunidad y permanecer como miembro de la Junta de Fiscales Supremos, el máximo órgano de gestión del Ministerio Público.
Vela y Pérez continuaron sus investigaciones e incluyeron a Chávarry en las mismas, por lo que ordenaron allanar las oficinas de la fiscalía, todas menos su despacho a que éste gozaba de inmunidad.
Apenas horas después de haber precintado las oficinas y sellado el ingreso, los fiscales descubrieron que éstas habían sido violentadas.
Investigaciones posteriores permitieron descubrir que Chávarry y varios de sus ayudantes estuvieron en las oficinas en horas no habituales, y que una estrecha colaboradora del ex fiscal de la Nación entró en un despacho precintado y sacó varias cajas con material.
Estos hechos conformarían el delito de encubrimiento por el que es investigado.
Al ser confrontado, y pese a la confesión de su asistente, Chávarry se desentendió del asunto y permaneció en el cargo, protegido por la legislación, pese a la absoluta indignación de la población.
PROTECCIÓN POLÍTICA
Mientras todo esto se desarrollaba, Chávarry fue protegido por el Congreso fujimorista, que impidió su destitución, lo mantuvo como fiscal supremo e impidió procedieran investigaciones constitucionales en su contra, todo en el marco de el conflicto entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
Aún sin ser ya fiscal de la Nación, Chávarry aún maniobró para evitar ser investigado.
La fortuna del ex fiscal pareció terminar cuando en septiembre de 2019 el presidente Martín Vizcarra decretó el cierre constitucional del Congreso y la celebración de nuevas elecciones, que dejaron un parlamento con nuevas caras no tan dispuestas a ofrecerle apoyo.
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