Tribunal español autoriza juicio contra infanta Cristina

07 de noviembre de 2014 10:11 AM

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 La infanta Cristina de Borbón, hermana del rey de España Felipe VI, podrá ser juzgada por dos delitos de fraude fiscal vinculados a la presunta trama de malversación de fondos públicos de su esposo. Pero todavía está por ver si el caso llega a juicio.

Es el juez instructor quien tiene la última palabra y debe ordenar dicho procesamiento en las próximas semanas. Y no lo tendrá fácil para dar el paso definitivo, dadas las particularidades del sistema español.

Tres magistrados de la Audiencia de Palma de Mallorca, en las mediterráneas Islas Baleares, acordaron el viernes estimar en parte los recursos de defensa de la infanta. Cristina quedó libre de la acusación de blanqueo de capitales -la más grave que pesaba contra ella. Pero se mantuvo la imputación por cooperación en dos delitos de fraude fiscal en los ejercicios 2007 y 2008.

La Casa Real declinó hacer comentarios. Mientras que el gobierno dijo que respeta la acción de la justicia.

La decisión despeja el camino al juez José Castro para sentar a la infanta en el banquillo de los acusados, lo que supondría un hito en la historia de la monarquía. Sin embargo, la doctrina del Tribunal Supremo español dice que una persona no puede ser juzgada por delitos fiscales si no lo piden ni Hacienda ni la Fiscalía.

En lo que respecta a la Cristina de Borbón, la Agencia Tributaria ya dijo que no advertía fraude en sus cuentas. El delito fiscal, que en sus supuestos más graves contempla penas de hasta seis años de cárcel, exige una cantidad defraudada de al menos 120.000 euros (148.726 dólares). Un dinero que Hacienda estima no sobrepasó y que, por lo tanto, podría ser susceptible de una multa económica, pero no de delito.

Miquel Roca, que dirige el despacho de abogados que representa a la infanta, aseguró que el auto "no significa" que el juicio sea inevitable.

"Existen precedentes de que esta acusación no estaría legitimada para seguir (adelante)", dijo Roca en Barcelona.

Cristina, de 49 años, fue imputada tras conocerse unos correos electrónicos que documentaban el conocimiento de las actividades de su marido Iñaki Urdangarin.

La acusación sostiene que el cuñado del actual monarca Felipe VI y su socio, Diego Torres, se apropiaron presuntamente de unos 5,6 millones de euros (6,9 millones de dólares) en subvenciones públicas asignadas entre 2004 y 2006 al instituto Noos (sin ánimo de lucro) relacionado con el mundo del deporte que presidía Urdangarin.

El Tribunal de Palma mantuvo la imputación por blanqueo de capitales a Urdangarin, ex jugador profesional de balonmano y doble medallista olímpico en 1996 y 2000. El juicio sí parece seguro en este caso.

Cristina negó conocer las actividades de su esposo en su declaración ante el juez Castro el 8 de febrero. En el auto de imputación, el magistrado recogió viajes de la pareja, estancias en lujosos hoteles, clases de salsa o la compra de una exclusiva vajilla de casi 3.000 dólares. Un retrato de la típica vida de la realeza, muy difícil de digerir en un país atormentado por la crisis y con un desempleo del 24%.

Según la acusación particular, que ejerce el sindicato Manos Limpias, ese dinero se facturó a la sociedad mercantil Aizoon, creada al 50% por Cristina y su esposo en 2003. Aizoon era presuntamente una "sociedad pantalla", que usó ingresos de Noos como gastos personales, cuando en realidad se trataba de dividendos que debían tributarse a Hacienda.

La investigación al matrimonio, que tiene cuatro hijos y mantiene el título de duques de Palma, ha sido muy dañina para el prestigio y la imagen de la monarquía. El rey Juan Carlos abdicó en su hijo Felipe en junio con la esperanza de renovar la corona y dejar paso a una nueva generación capaz de renovar la institución y acomodarla a los nuevos tiempos.

Urdangarin y Cristina no participan en actos oficiales de la familia real desde hace dos años. La infanta y sus hijos se mudaron a Suiza en 2013. El cambio de domicilio, oficialmente por motivos laborales, se interpretó como la mejor forma de poner tierra de por medio ante la presión de los medios y la opinión pública. 

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