Últimos casinos cierran en Ecuador, tras referendo que los prohibió

Son ocho establecimientos que funcionaban en hoteles cinco estrellas, a los que el gobierno dio seis meses para liquidar sus operaciones que implicaban a grupos como el español Cirsa y al franco-austríaco Montecarlo. 
Otros 24 casinos habían ido cerrando paulatinamente, luego de que el 7 de mayo de 2011 los ecuatorianos apoyaron la prohibición de los juegos de azar propuesta por el presidente Rafael Correa en una consulta popular. 
Unas 3.200 personas trabajaban en esos 32 negocios, dijo el jueves a la AFP Jorge Castro, vicepresidente de la Asociación de Casinos y Bingos (Ascabi), la entidad que los agremia. 
El decreto de septiembre pasado también dispuso la clausura de un centenar de salas de juego que funcionaban gracias a amparos constitucionales, por lo que otras 3.000 personas quedaron cesantes, según estimaciones del sector. 
“A eso hay que sumar las familias de los trabajadores, artistas, taxistas, proveedores y hoteles que prestan este servicio específico, los cuales se verán afectados por la medida”, señaló Castro, gerente de un casino que pagaba un arriendo anual de 1,5 millones de dólares a un hotel del norte de Quito. 
Correa, un economista de izquierda de 48 años, planteó el veto argumentando que las salas de juego deterioran moralmente a la sociedad, generan deudas ilegales, evaden impuestos y son usadas para lavar dinero, lo que fue rechazado por los empresarios. 
Ascabi asegura que había controles estrictos para evitar el blanqueo y resalta que sus socios pagaban entre 13 y 15 millones de dólares al año en tributos, el equivalente a 30% de los ingresos de ese negocio establecido en Ecuador hace medio siglo. 
Mediante el plebiscito, el mandatario también logró prohibir la muerte del toro en la arena en plazas como Quito -sede de una prestigiosa feria- y aval para reformar la justicia y regular a la prensa. 
Los casinos intentaron sin éxito obtener una prórroga al cierre, aduciendo que requerían más tiempo para liquidar a los empleados y explorar alternativas de negocio que les permitieran salvaguardar inversiones por unos 180 millones de dólares. 
“Se les dio un plazo que vence este viernes. El sábado deben estar cerrados y pasan a ser una actividad ilegal”, indicó a periodistas el asesor del ministerio de Turismo, Roberto Hidalgo, quien anunció controles desde el fin de semana. 
En tanto, Castro descartó demandas por daños y perjuicios y dijo estar a la espera de permisos para reexportar las máquinas, que quedarán en custodia de la aduana. Algunas ya fueron enviadas a Colombia, según el ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa. 
“Al haber cumplido con la ley debemos tener la oportunidad de vender y reubicar esas máquinas fuera del país”, dijo Castro, mientras que Espinosa confirmó que en su cartera fueron depositados 4,5 millones de dólares para indemnizar a unos 1.700 empleados. 
El gobierno ofreció a los trabajadores capacitación y facilidades para su reinserción laboral, incluidas inversiones no reembolsables para emprendimientos, pero Ascabi afirma que los resultados son pobres. 
“Fue una utopía, no he visto que sea un programa efectivo”, sostuvo Castro. Sin embargo, el ministro defendió el programa, indicando que a la fecha han sido reubicados 400 ex empleados.