La consigna “tolerancia cero” chirría estos días en las organizaciones contra los abusos de la Iglesia en Argentina. Víctimas de estas prácticas en el país del papa Francisco denunciaron una estructura de encubrimiento y calificaron la cumbre del Vaticano de “fachada”.
Yazmín Detez, de 26 años, selecciona fotos gastadas de una caja que guarda en su casa, en la localidad bonaerense de Caseros. El padre Carlos José aparece en algunas: bautizos, fiestas escolares. Es el mismo que, cuando ella tenía 8 años, comenzó a manosearla en una piscina.
“Estuvimos toda la tarde en una pileta con él. Con la excusa de querer enseñarme a nadar, me agarraba y me metía en el agua y dentro de la pileta me manoseó y me hizo que yo lo tocara a él”, relata esta exalumna del colegio San Francisco Javier, adscrito a la parroquia que regentaba Carlos José.
Mailin Gobbo, de 30, se sienta al lado, incapaz de contener las lágrimas al recordar las vejaciones del párroco, a quien denunció ante la Justicia en 2016.
Gobbo pasó su adolescencia con numerosas depresiones, aunque no supo la raíz hasta que cumplió 20 años, en una sesión de terapia en la que desbloqueó el recuerdo de aquellos tocamientos, también dentro de una piscina.
El juicio por esos abusos está a la espera de fecha, aunque Carlos José suma otros 11 hechos de cinco denunciantes, entre ellas Yazmín, confirmaron a Efe desde la Fiscalía.
La diócesis aseguró en 2017 que el sacerdote había renunciado, pero Mailin y Yazmín desconfían, pues recuerdan el precedente de 2009, cuando denunciaron los hechos al entonces obispo de San Martín, Guillermo Rodríguez-Melgarejo.
El prelado envió al cura a la localidad bonaerense de Azul, donde recibió más denuncias por abusos, y luego a un barrio de chabolas de Buenos Aires, en el que también seguía en contacto con niños.
Ambas aseguran que su caso llegó a oídos de Jorge Bergoglio, pues en 2009 Melgarejo era muy cercano al entonces arzobispo de Buenos Aires, por lo que desconfían de los resultados de la cumbre celebrada entre el 20 y 23 de febrero en el Vaticano, al que asistieron 190 líderes de la Iglesia.
“Ellos son conscientes de lo que sucede y hacen algo para taparlo. Es como una fachada”, admite Yazmín. “Hubiese sido distinto si hubiese actuado cuando tuvo la posibilidad. Si no lo hiciste teniendo un cargo menor, ahora que tienes ese cargo...”, comenta Mailin.
La Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico de Argentina, en la que participan más de 100 víctimas, denunció que el encuentro fue simple “simulación” e “hipocresía”: “No son otra cosa que medidas ya existentes, mecanismos obsoletos que sólo buscan blindar la institución a favor de los sacerdotes y monjas abusadores”.
Liliana Rodríguez, psicóloga de la Red, contabiliza 63 denuncias ante la Justicia en todo el país, aunque advierte de que ese número es sólo la “punta del iceberg”.
La exreligiosa Valeria Zarsa, de 46 años, escuchó más de 160 abusos durante los retiros de sanación que dirigió en el Instituto Discípulos de Jesús de San Juan Bautista, fundado por el padre Agustín Rosa, en la provincia norteña de Salta.
Ella nunca había sospechado de Rosa, pero durante una estancia en México, el cura aprovechó un momento a solas con ella, la rodeó con un cinturón y hundió la cabeza en sus pechos. “No aguanté más, lo empujé”, cuenta en una entrevista con Efe.
En 2014, rompe con la institución y algunos exmiembros la contactan: “Me contaban que el padre Rosa los confesaba y que ellos decían que tenían problemas de castidad y el padre les decía: ‘sí, puede ser por problemas del tamaño del pene’. Y los revisaba, les decía: ‘tenés varicela, te voy a poner un poco de crema, no le digas a nadie’”.
La causa, que se inició a raíz de una denuncia de la exmonja y otras dos víctimas, está a la espera de juicio, aunque Valeria ya ha perdido cualquier resquicio de fe: “Ni en dios, ni en la Iglesia, ni en nada. Descubrí muchas mentiras. No había forma de sostener la fe”.
Ante la consulta de Efe, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) declinó hacer comentarios sobre casos concretos y remitió un comunicado de su presidente, monseñor Óscar Ojea, en el que mostró su compromiso por “desechar toda forma de encubrimiento habida cuenta de que perjudicaría enormemente a las víctimas”.
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