El presidente depuesto de Honduras, Manuel Zelaya, instó ayer a sus seguidores a que salgan a las calles para presionar al Congreso a que lo restituya en el poder cuando se cumple el plazo previsto en el acuerdo alcanzado con el Gobierno de facto de Roberto Micheletti para formar un Gobierno de unidad nacional. De cumplirse los plazos previstos en el acuerdo, parece muy probable que sea Micheletti el que presida dicho Gobierno de unidad y no Zelaya. El depuesto presidente acordó ayer con sus asesores desistir de participar en el Gobierno de unidad si antes el Congreso no lo restituye en el cargo, informó Rasel Tomé, uno de sus asesores. Manuel Zelaya instó ayer desde radio Globo a que “todos los habitantes, aun los de la Unión Cívica Democrática, y otros líderes de la resis-tencia que han ofrecido hasta su sangre por la democracia” que se manifiesten para que “el Congreso no sea el causante de que no se cumpla este acuerdo”. SIN PLAZO El acuerdo Tegucigalpa/San José Diálogo de Guyamuras, suscrito por las delegaciones negociadoras de Zelaya y Micheletti hace una semana, deja en manos del Congreso la responsabilidad de restituirlo, aunque no determina un plazo para ello ni qué pasaría en caso de que la mayoría de los 128 diputados rechazaran su restitución. Algunos aliados de Zelaya, como Brasil, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua han empezado a presionar también a la OEA para que no se reconozcan las elecciones del 29 de noviembre en caso de que el presidente depuesto no sea restituido antes. EL CONGRESO El Congreso hondureño aseguró que no evadirá “la responsabilidad histórica” de decidir la restitución del presidente derrocado, Manuel Zelaya pero aún no fija la fecha de la votación. El pre-sidente del Congreso, José Ángel Saavedra, aseguró ayer que “no va a dar dilatorias ni va a evadir la responsabilidad” de someter a votación el acuerdo, pero se negó a dar fecha para la sesión extraordinaria en la que los 128 diputados tendrán que decidir sobre el futuro político de Zelaya. El Congreso ha decidido, como lo permite el acuerdo, buscar el parecer de la Corte Suprema de Justicia, y de otras tres instituciones, antes de pronunciarse. Ninguna de estas instituciones tampoco tiene plazo para dar su opinión.
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