La semana pasada los vecinos del Callejón Santa Clara, en Manga, vimos dos camiones estacionados frente a una de las casas del sector. Uno cargaba muebles y enseres domésticos, propios de cualquier residencia, mientras que el otro descargaba escritorios y útiles de oficina. La tarea se realizó sin aviso previo, de manera subrepticia, premeditada, como por asalto, sin alertar a los habitantes del sector, sin que existiera jamás un cartel anunciando que la vivienda estaba en arriendo. Así, en un día, sin hacer modificaciones arquitectónicas, ni adecuación de servicios, ni ampliación de estacionamientos, como por arte de magia, una edificación de dos pisos dejó de ser de uso residencial para convertirse en una oficina de atención masiva al público. Específicamente, la casa pasó a ser la entidad que tiene el propósito de "velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos dentro del Estado social de derecho, democrático, participativo y pluralista". En efecto, la Defensoría del Pueblo, rechazada en el Pie de la Popa, se trasladó a un sitio más incómodo para sus usuarios. Paradójicamente, lo primero que hizo la Defensoría del Pueblo con esta mudanza fue atropellar sus propósitos. Bastante trabajo le costará a los habitantes del ancho cinturón de miseria de la ciudad trasladarse a la isla de Manga para que les defiendan sus derechos.
Álex González Grau
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