La Unidad Nacional acaba de fisurarse en el Congreso porque el Partido Liberal –junto con el Polo y los verdes- votaron contra el proyecto de reforma a la Constitución que establece la sostenibilidad fiscal como derecho fundamental de todos y un deber del poder público.
¿Por qué votar contra un proyecto presentado por el Gobierno anterior y apoyado por éste? ¿Por qué la “sostenibilidad fiscal” motiva la división política?
La sostenibilidad fiscal quiere decir que el gasto público no debe crecer más que los ingresos, para que el Estado no se endeude cada vez más y la deuda pública no crezca más que la capacidad de pago del país.
Un Estado que no sea sostenible no tendrá recursos para garantizar los demás derechos, como salud, educación o vivienda, es decir, sin finanzas sostenibles no se alcanzará el Estado Social de Derecho. Por la misma razón se busca que todas las ramas del Estado –incluyendo la judicial y la legislativa- tengan el deber de preservar esa sostenibilidad.
¿Por qué oponerse a un principio tan sensato y conveniente para manejar los recursos públicos? ¿Por qué no obligar al Congreso y a los jueces a que cuando tomen decisiones, respeten los presupuestos de la Nación?
El problema radica en que el proyecto está sesgado contra los derechos fundamentales que dice querer proteger. De una parte le impone un límite al Congreso en su artículo primero: “El Congreso de la República, al determinar el alcance concreto de los derechos sociales y económicos consagrados en esta Constitución, deberá hacerlo en tal forma que asegure la sostenibilidad fiscal con el fin de darles, en conjunto, continuidad y progresividad.”
A los jueces no se les impone un límite explícito en el texto mismo del proyecto, pero tanto en la exposición de motivos como en las ponencias se manifiesta la preocupación por el impacto económico de las tutelas y otras decisiones judiciales que protegen derechos fundamentales como la salud u obligan a la protección a los desplazados o la reparación a las víctimas. El propósito del proyecto, entonces, es limitar el alcance de estas sentencias.
Esa preocupación es válida. El Congreso y los jueces deben considerar la disponibilidad de recursos de la Nación, porque sus decisiones pueden quebrar al fisco. Pero esta obligación se debe referir a todas sus decisiones, no solo a las que hacen cumplir los derechos económicos y sociales de los colombianos.
El proyecto es sesgado porque no le impone al Congreso el mismo límite al legislar sobre subsidios a agricultores, deducciones tributarias a las empresas, contratos de estabilidad jurídica u otros gastos, incluido el militar. ¿Acaso no atentan también contra la sostenibilidad?
También son sesgados los motivos del proyecto frente a los jueces. Las demandas contra la Nación valen $750 billones, pero 80% corresponden a litigios administrativos y pleitos de contratistas, y sobre éstos no se dice nada. Las decisiones judiciales, a veces compradas, que condenan a la Nación a pagar demandas multimillonarias a los contratistas, amenazan más la sostenibilidad que las tutelas de salud.
Tiene razón el Partido Liberal en oponerse a este proyecto. No es aceptable que se busque la sostenibilidad fiscal recortando los derechos fundamentales, mientras se permiten desangres mayores al Estado.
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