Las facultades de derecho deben ser espacios donde se enseñe y practique la justicia. Sin embargo, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Cartagena, la administración actual ha decidido olvidar ese principio fundamental, imponiendo medidas arbitrarias que atropellan los derechos de los estudiantes y reproduciendo prácticas de violencia basada en género que afectan tanto a alumnas como a profesoras.
El paro estudiantil que sacudió nuestra facultad no es un capricho ni una mera inconformidad pasajera. Es una lucha legítima por la defensa de derechos adquiridos que la administración pretende desconocer sin justificación razonable. La negativa de la Decanatura y la Vicedecanatura a reconocer el componente general de las Pruebas Saber Pro como criterio válido para la exoneración de preparatorios no solo altera injustificadamente las reglas del juego para cientos de estudiantes, sino que vulnera el principio de igualdad y lesiona la seguridad jurídica.
Este no es un hecho aislado. Existe un patrón de autoritarismo, intimidación y violencia verbal, donde el diálogo ha sido reemplazado por imposiciones y el disenso por sanciones veladas. Los estudiantes que han decidido alzar la voz han sido señalados y desacreditados. La administración se comporta como si la facultad fuese su feudo personal y no un espacio de formación democrática.
Pero hay algo aún más grave: el machismo y la violencia de género siguen enquistados en el corazón de nuestra facultad. Como mujer, como profesora y como víctima de esta institucionalidad patriarcal, he presentado denuncias por violencia basada en género sin que hasta el momento haya una respuesta efectiva. No soy la única. Son muchas las mujeres —estudiantes y profesoras— que han sido objeto de comentarios sexistas, descalificaciones y exclusiones sistemáticas por parte de una administración que sigue operando bajo las reglas de un pasado donde el derecho era territorio exclusivo de los hombres.
La administración de la facultad ha olvidado que el liderazgo no es una cuestión de autoridad, sino de legitimidad. Y la legitimidad no se obtiene mediante gritos, imposiciones o abuso de poder, sino con respeto, escucha y justicia. La actual gestión no ha entendido que el conocimiento se enseña, pero el ejemplo se impone, y lo que están enseñando es que la intolerancia y la arbitrariedad son la norma.
La paradoja es evidente: mientras la sociedad avanza en la conquista de derechos para las mujeres, en las facultades de derecho —paradójicamente— se siguen reproduciendo estructuras de poder patriarcales, donde el cuestionamiento a la autoridad masculina es castigado con la indiferencia o la hostilidad. El problema no es solo la arbitrariedad en decisiones académicas, sino el modelo de liderazgo que se está ejerciendo: un liderazgo que silencia, reprime y excluye.
Los estudiantes tienen razón al protestar. No están exigiendo privilegios, sino el respeto de sus derechos. La facultad no puede seguir siendo administrada con autoritarismo y exclusión, traicionando su legado y su razón de ser.
Este no es solo un conflicto académico. Es un conflicto de justicia. Y en una facultad de derecho, la justicia no debería ser una opción, sino un principio rector. Los estudiantes no están equivocados al exigir respeto por sus derechos. Equivocados están quienes creen que pueden pisotearlos sin consecuencias.