Columna


A por todo

GERMÁN VARGAS LLERAS

04 de marzo de 2024 09:50 AM

El gobierno de Petro está comprometido a fondo con la destrucción del aparato productivo.

Por. Germán Vargas Lleras

No era broma aquello del decrecimiento como nuevo paradigma de desarrollo económico y social.

Empezaron con la reforma tributaria de Ocampo, a sabiendas de que esta frenaría el crecimiento de la economía, como en efecto se ha confirmado al cierre de 2023. Un muy magro 0,6 % que muchos incluso ponen en duda al observar el comportamiento de los distintos sectores.

El turno luego correspondió para el sector de la vivienda. Una genialidad como fue el cambio en el modelo de asignación de subsidios fue suficiente para sumir este sector en la mayor crisis registrada en décadas y de la cual todavía no se levanta.

En varias oportunidades me he referido a la postración en que se encuentra el sector de la infraestructura, pero lo de la semana pasada con el entierro de tercera al proyecto Caribe 2 se le dio la estocada final al sector.

Del sector agrícola ni hablar. Ningún apoyo servirá mientras los agricultores y campesinos sigan sometidos al flagelo de la inseguridad, la extorsión y el abigeato, la invasión de sus tierras y el bloqueo de las carreteras. Todo ante la mirada impotente de la Fuerza Pública.

Como van las cosas, el país se nos apagará en menos de 3 años por causa de las pésimas señales del Gobierno y las amenazas de cambios en la regulación y en las leyes de servicios públicos y eléctrica.

Y no contentos con postrar al sector petrolero con anuncios destemplados, ahora van a por el sector minero con la expedición del Decreto 044, que le otorga poderes extraordinarios e ilimitados a la ministra de Ambiente para reservar áreas en todo el país y excluirlas de la actividad minera hasta por 10 años con total discrecionalidad y pasando por encima de la autonomía de los entes territoriales.

A este decreto se suma el proyecto de ley del nuevo “código de minas”, que de código solo tiene el nombre, pues la mitad de las disposiciones quedan sujetas a reglamentación abierta y subjetiva del Ejecutivo.

La intención de ambas normas es clara: acabar con la minería formal del país, bajo el ropaje de un propósito ambiental. De qué otra manera se explica la prohibición de la minería de carbón térmico, el cual representa una parte fundamental de la actividad minera del país.

No estamos hablando de cualquier sector. Recordemos que la minería representa el 3 % del PIB, el sector exportó 17.000 millones de dólares en 2023 y fue responsable de más de un billón de pesos en inversiones sociales y ambientales en 2022.

El impacto de paralizar un sector como la minería no se puede tomar a la ligera: son más de 160.000 empleos directos y 700.000 indirectos que se derivan de la actividad misma y un sinnúmero de actividades que en 2022 representaron compras en el territorio nacional por más de 14 billones de pesos.

En La Guajira o el César, por ejemplo, antes de desarrollar los grandes proyectos mineros –que hoy quieren prohibir– no había mayor actividad económica, lo único que había era pobreza. Basta con mirar los índices de necesidades básicas insatisfechas de hace 25 años en los municipios que hoy son mineros, en algunos casos como La Jagua de Ibirico o El Paso, en el Cesar, superaban el 71 % y el 75 %, respectivamente. Hoy se encuentran en niveles de 22 %.

Paradójicamente, las nuevas normas prohíben la actividad minera, pero para aquellos que la hacen bien: con instrumentos ambientales, con las mejores prácticas mineras, con vigilancia de las autoridades, con participación de las comunidades, con instrumentos de compensación. En cambio, para la minería ilegal el territorio es libre de ser explotado sin ningún control ni beneficio para el país o las comunidades.

¿Se ha preguntado el Gobierno cómo va a compensar la ausencia de 20 billones de pesos en renta, regalías y otros impuestos y compensaciones?

Las iniciativas en mención, sumadas a la creación de la Empresa Colombiana de Minería –Ecominerales–, cuyo objeto social es infinitamente amplio, dejan ver con claridad que la intención real de este gobierno no es la protección socioambiental de los territorios, sino la concentración y centralización de la actividad minera en las entidades estatales y el establecimiento de barreras a la inversión privada y especialmente la extranjera. Y con estas normas, qué duda hay de que lo van a conseguir.

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