Es un secreto a voces que buena parte del desarrollo urbano de Cartagena está soportado en la depredación ambiental, y que lo poco que ha escapado a tal depredación padece las consecuencias de la histórica negligencia y permisividad de sus autoridades.
Mientras algunos ricos se apoderaron de grandes extensiones de terrenos, cegaron ciénagas y caños, destruyeron infinidades de hectáreas de manglar, para desarrollar proyectos habitacionales y de otra índole, amparados en inversiones generadoras de progreso, muchos pobres hicieron (y siguen haciendo) lo propio, destruyendo bosques y humedales de manera indiscriminada, para consolidar grandes y desordenadas invasiones en el cerro de La Popa y en la periferia de la ciudad, argumentando derecho a la vivienda.
A pesar de la existencia de leyes y normas, y de la férrea defensa del ecosistema, que han asumido con valentía ambientalistas como Rafael Vergara Navarro, la justicia ha sido proclive a favorecer a quienes, con las herramientas del poder económico y de las influencias institucionales, imponen sus intereses depredadores.
El adagio popular “tanto va el cántaro al agua, hasta que se rompe” parece justificar las recientes acciones de las autoridades y entidades involucradas en el Frente Común Institucional, o nuevo Ecobloque, organismo conformado por el alcalde (e) Pedrito Pereira, en octubre de 2018, atendiendo recomendaciones de la Procuraduría General de la Nación.
Un reciente editorial del diario El Universal alertó sobre la continuidad de talas y rellenos en Tierra Baja y Puerto Rey, ventas en Marlinda y Villa Gloria y aceleración de deforestación y rellenos en la margen derecha del Anillo, al tiempo que advirtió que “una cosa es la existencia del Ecobloque –y no dudamos de la voluntad del alcalde–, y otra la debilidad institucional que prolongan en el tiempo tolerancias y complicidades que padecemos sin resignación”.
En respuesta a esas denuncias y otras de la comunidad, también en los últimos días se reportaron significativas operaciones del Grupo de Protección Ambiental y Ecológica de la Policía Metropolitana, como la que condujo a la captura en flagrancia de cuatro personas cuando rellenaban un lote aledaño a la ciénaga de la Virgen, con material de residuos de construcción.
Las simples capturas de obreros no serán suficientes, urgen investigaciones por parte de la Fiscalía que lleguen a los responsables intelectuales y a fallos ejemplarizantes por parte de los jueces, para que la ciudad perciba que esta vez el Ecobloque sí está funcionando y propiciando las condiciones necesarias para permitir, entre otras cosas, las inversiones que habrá de realizar el Gobierno nacional en la recuperación de la ciénaga de la Virgen, como lo contempla la llamada Ley del Sitio.
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