Columna


Afinia, sentimiento que nos une

JAVIER LASTRA FUSCALDO

29 de febrero de 2024 12:00 AM

Afinia, recién creada, fue la gran esperanza de muchísimos costeños de cinco departamentos del Caribe, la luz al final del túnel por el que saldríamos, después de décadas del pésimo y agobiante servicio de energía.

Fueron muchos los alcaldes, gobernadores, congresistas, empresarios y usuarios de la región que, en octubre del 2020, ovacionaron al presidente Iván Duque quien, en ese momento épico, con un interruptor gigante a su espalda en el escenario y una frase que decía: ‘Región Caribe, energía que renace’, enviaba un mensaje esperanzador, el que todos esperábamos, haber superado la ‘oscura y horrible noche’.

Sin saber que esa sensación de júbilo duraría muy poco, la ovación era la menor de las manifestaciones como los costeños podíamos agradecer a ese ‘salvador’.

La interpretación de lo que allí sucedía era el hecho de que, por fin un gobierno de derecha, en medio de una crisis mundial de salud pública, fuese capaz de despojar de su activo eléctrico a la otrora empresa española Gas Natural y entregársela a la filial de un grupo económico robusto como es EPM.

En realidad, como nos pasa muchas veces a los colombianos cuando estamos cerca de acariciar el triunfo, pronto nos decepcionamos y la frustración de los más de 6 millones de habitantes de la región, han venido apagando la esperanza sin importar que la calidad del servicio esté mejorando, gracias a las inversiones históricas por más de 2 billones de pesos en solo tres años, superando lo invertido en los anteriores diez, por los otros operadores.

Es así, eso no importa. ¿Qué puede evitar que el progresivo avance en la calidad del servicio se empañe con el elevado incremento de la tarifa? Sin considerar que la empresa no es la que determina, sino la que aplica, y que Afinia sea la solución y no el problema, la tarifa se ha convertido en motivo para unir a los usuarios en torno a un denso y amargo sentimiento contra la empresa, que difícilmente, pero no imposible, se pueda superar.

En paralelo a otras iniciativas parlamentarias, el Gobierno Nacional presenta un proyecto de ley de servicios públicos que reforme la 142 y 143 de 1994, en la que, entre otras figuras, se hace explícita la facultad de regulación del Presidente de la República suplantando, para casos especiales, el tecnicismo de la CREG. Este aparte ha causado preocupación en los gremios del sector eléctrico.

Aunque con buenas intenciones de arreglar los problemas, hay que evitar que esas iniciativas confundan temas coyunturales como el fenómeno de El Niño con los estructurales que, en últimas, es lo que más importa para definir tarifas, la pobreza en la Costa Caribe, las pérdidas de energía y la obsolescencia de la infraestructura, cuya recuperación se le está cobrando injustamente a un mercado vulnerable y deprimido económicamente.

El quid del asunto está en encontrar ese justo equilibrio entre sostenibilidad y rentabilidad empresarial con la capacidad y posibilidades de los usuarios de poder pagar la tarifa.

Es necesario que el Gobierno Nacional privilegie el consenso y concientizarnos de que el servicio de energía de la Costa Caribe, para salir adelante, necesita de un esfuerzo económico adicional de la nación y de las empresas del sector eléctrico, a fin de aportar recursos que alivien el bolsillo de la gente y al tiempo resolver esos puntos neurálgicos que están afectando a las distribuidoras del Caribe colombiano.

Llama la atención que el nuevo grupo de directivos de EPM se pregunten si Afinia es viable, como si exploraran la posibilidad de retirarse del negocio, temen seguir gastando e invirtiendo, hay una visión regionalista de algunos que no ven con buenos ojos que los paisas, supuestamente, resuelvan problemas de costeños.

Gravísimo que surja ahora ese interrogante, después que fue la Junta Directiva de EPM, que preside el hoy alcalde de Medellín, la que decidió participar de la subasta de adquisición de la mitad de Electricaribe hace más de tres años.

Ojalá no haya marcha atrás por ninguno de los dos operadores de la Costa, lo que sí debe existir es la voluntad de todos, tanto del Gobierno como de los grupos de interés, de un mensaje de urgencia a la discusión de las propuestas y la respuesta positiva de los usuarios con el uso legal de la energía.

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