Columna


Al fin apareció

GABRIEL RODRÍGUEZ OSORIO

06 de septiembre de 2021 12:00 AM

Cuando ya se erguía sobre el paisaje urbano el edificio Aquarela, afectando el cono visual del Fuerte San Felipe, empezó la búsqueda de los culpables del atentado contra el Patrimonio.

Las miradas se dirigieron sobre el curador urbano 1, al que trataron de enjuiciar. El procurador, un tal Carrillo, quiso para lavar las culpas de los verdaderos culpables, buscar a como diera lugar uno en Cartagena, cuando en realidad estaban en Bogotá, por aquellas cosa de manejar el patrimonio nuestro desde la distante ciudad capital, cuna del despiadado centralismo que padece la nación y madre de todos los males que sufre el país.

Entonces empecé una investigación para saber qué sucedió, dado mi amor por mi ciudad, la que ponía en peligro su honorable título de Patrimonio de la Humanidad, título que pertenece a todos los cartageneros.

Entonces el 13 de noviembre de 2017 escribí un artículo en El Universal, titulado: ‘¿Dónde están los culpables?’, donde señalaba que el 17 de junio del año 2016, la directora del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), Berta Arnedo, envió el oficio IPC-OFI-0001277-2016 al señor Alberto Escovar, director de Patrimonio del Ministerio de Cultura, el que dice nunca haber recibido, cuando hay constancia de que se envió y se recibió en el Sigob, oficina que hace el registro de la correspondencia; donde manifiesta la preocupación por la construcción de un edificio para Vivienda de Interés Social (VIS) en el barrio Rodríguez Torices, cuya altura y lote en la manzana 186 no está incluida en el área de influencia del Fuerte, lo cual permitiría su construcción.

El mensaje es de preocupación. Y es tal, que el miembro del Comité, Pedro Ibarra, deja constancia: “El Comité Técnico del IPCC considera que el proyecto VIS que se pretende desarrollar afectará en forma negativa las relaciones espaciales y visuales existentes; en consecuencia el Comité solicita al IPCC se realicen gestiones pertinentes con el fin de que se concerten soluciones que eviten afectaciones al patrimonio de todos”.

El Ministerio responde el oficio un año después y expide tardíamente la Resolución 1709 del 15 de junio de 2017, donde modifica la Resolución 043 de 1994, que reglamenta al Centro Histórico, y amplía el área de influencia incluyendo la manzana 186, donde ya se desarrolla el proyecto, porque la Promotora Calle 47 había adquirido todos los permisos legales mediante el POT, Decreto 0977 de 2001 y la Ley 1537 de 2012.

La Promotora aduce tener unos derechos, y si se cancela la licencia como es el deseo de todos, habrá que pagar unas indemnizaciones, ya instauradas ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que busca el resarcimiento para los afectados. De llegarse a establecer, obedece a la negligencia del director de Patrimonio en Bogotá, al que ya se le abrió una investigación.

*Arquitecto.

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