En el 2006 la Alcaldía firmó contrato con el Consorcio Vía a Barú SAS, para la construcción de 31 km de la ruta Barú y fijaba un tiempo de ejecución de 18 meses; también se acordó que el costo de las obras lo asumirían propietarios de terrenos de la zona a través de contribución por valorización. El contratista determinó dividir los trabajos en tres etapas, lo que, para los ciudadanos, no fue lo más adecuado, aseguran que determinaron el pago por una vía completa. Han pasado 16 años desde la firma de ese contrato y aún la vía no ha sido entregada.

La directora de Valorización Distrital, María Isabel Lugo, me confirmó que solicitó al contratista fecha de entrega de las obras y que, al revisar lo construido, se encontraron varias inconsistencias como el ancho de la vía, la norma establece que las vías terciarias en Colombia deben tener 8 metros de ancho; sin embargo, la de Barú solo cuenta con 7, porque, según el constructor, así lo acordó con los residentes.

Lo más grave lo denuncia el abogado Eduardo del Río, quien asegura que a los 486 contribuyentes de la vía Barú les llegó un cobro de jurisdicción coactiva por $50 mil millones por concepto de interés del capital, que son $10 mil millones; es decir, les están cobrando el 360% del capital inicial de la deuda. Esto del Río lo califica como “anatocismos”, actuación considerada por el Consejo de Estado como ilegal.

Los contribuyentes instauraron una acción popular por moralidad administrativa, porque, considera el abogado, no entienden cómo, después de 16 años de haberse suscrito el contrato, el concesionario sigue con el manejo administrativo de la cartera de cobro y con el incremento diario de los intereses de mora y no se ha podido liquidar el contrato.

“La norma es clara y establece que una vez terminada la etapa de construcción el contratista debería devolver la cartera a la Alcaldía de Cartagena y así se realizarán los recaudados por bimestre vencido y en cuatro meses el Distrito cancelará al concesionario la totalidad del saldo pendiente de los dineros no recaudados de la contribución de Valorización por todo concepto, los cuales se liquidarán”, explicó el abogado.

Para Del Río resulta extraño que la directora de Valorización de Cartagena acepte que el cobro es ilegal y que no se puede parar de ninguna forma, pero lo acepta, “porque ellos dicen que la cartera la maneja es el contratista, que no la manejan ellos, eso es absurdo, porque la relación que debemos tener los que pagamos la carretera es con el Estado, no con un particular. Los negocios que la Alcaldía haga con los señores concesionarios de la carretera no son problema nuestro”.

Este consorcio es representado por Efraín Amín, que en varios pleitos le ha ganado a la Alcaldía de Cartagena, que parece la defensa del Distrito ha sido mínima. El más reciente caso se dio en un laudo liderado por la Cámara de Comercio de Cartagena que finalmente fue a favor de Amín.

Los contribuyentes hacen un llamado al alcalde de Cartagena, porque a todas luces esto resulta imposible de pagar. ¿Qué hará la Alcaldía para evitar un cobro aparentemente ilegal? ¿Cuándo va a exigir la fecha de entrega de las obras? ¿Puede más la familia que está detrás de esa obra que el Distrito?